La distribuidora de gas Camuzzi abrió un fuerte debate en el sector energético al proponer que las obras de infraestructura que la empresa considera “no rentables” sean financiadas directamente por los propios usuarios beneficiados, a través de cargos adicionales en la factura del servicio.
La iniciativa fue presentada por el gerente de Operaciones, Mauricio Cordiviola, durante el Forbes Energy Summit, donde planteó que la compañía no asumirá inversiones que no garanticen retorno económico y que esos proyectos deberían ser cubiertos por los consumidores. La postura provocó críticas inmediatas por parte de especialistas y organizaciones de defensa del usuario, que advierten que el planteo desplaza al mercado privado de su responsabilidad estructural y la traslada a los hogares.
Desde sectores técnicos cuestionan que una empresa concesionaria —que opera un servicio público esencial bajo regulación estatal— proponga un esquema donde la inversión queda desligada de su propia rentabilidad, pero no así de la capacidad de pago de la ciudadanía. “Si una obra no es rentable para la empresa, mucho menos lo es para un usuario que ya enfrenta tarifas crecientes”, señalaron analistas consultados.
La posición de Camuzzi se conoce en un contexto en el que la distribuidora reclama además una deuda estatal por más de $83.000 millones vinculada al régimen de zonas frías, al tiempo que enfrenta críticas por demoras en nuevas conexiones y por la falta de expansión en localidades patagónicas. Organizaciones como el CODEC han cuestionado reiteradamente el desempeño de la compañía y advierten que el traslado de costos a los usuarios profundizaría la inequidad territorial en el acceso al gas.
Para especialistas en políticas públicas, la propuesta abre un interrogante central: ¿qué sentido tiene mantener un esquema de concesiones privadas si las obras de riesgo o baja rentabilidad recaen exclusivamente sobre los usuarios? El planteo, aseguran, tensiona el rol del Estado y de las distribuidoras, y vuelve a poner en discusión los límites del modelo regulatorio vigente.
Mientras tanto, la iniciativa de Camuzzi continúa generando preocupación entre intendentes, entidades de consumidores y usuarios residenciales que verían incrementadas sus facturas para financiar proyectos que tradicionalmente forman parte de las obligaciones de inversión de una empresa concesionaria.
Fuente: Post energético/Redacción TE
