El sistema eléctrico argentino enfrenta un escenario complejo marcado por la saturación de las redes de transporte, el aumento de los costos de generación y una fuerte disparidad en la evolución de la demanda. Mientras el Gobierno busca inversiones privadas para ampliar la infraestructura, el consumo eléctrico de las pymes industriales cayó a su nivel más bajo de los últimos tres años.
Uno de los principales desafíos se encuentra en el sistema de transporte de energía, cuya capacidad actual comienza a convertirse en un límite para la incorporación de nuevos proyectos, particularmente aquellos vinculados con fuentes renovables.
La participación de las energías limpias alcanzó el 16,7% de la generación eléctrica total, todavía por debajo del objetivo del 20% establecido por la Ley 27.191 para 2025.
El problema no está únicamente en la capacidad para generar nueva energía eólica o solar, sino en las dificultades para transportarla desde las regiones donde se encuentran los principales recursos hacia los grandes centros de consumo.
La saturación de las líneas de alta tensión restringe la posibilidad de incorporar nuevos proyectos y amenaza con convertirse en un cuello de botella para las inversiones previstas en el sector.
Como respuesta de corto plazo, se adjudicaron sistemas de almacenamiento mediante baterías en nodos considerados críticos de Chaco y Formosa. La tecnología permitirá aportar mayor flexibilidad a la red, aunque no reemplaza las obras estructurales necesarias para ampliar la capacidad de transporte.
Inversión privada para ampliar la red
Frente a las restricciones existentes, la estrategia oficial apunta a captar capital privado para financiar las nuevas obras de infraestructura eléctrica.
Uno de los proyectos centrales es AMBA I, diseñado para ampliar la red troncal y aumentar la capacidad de transformación del sistema. La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 6.600 millones y un esquema de concesión por 30 años.
El objetivo del Gobierno es que las obras puedan ejecutarse sin comprometer recursos públicos de manera directa. Para atraer inversores, el esquema contempla garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los beneficios fiscales previstos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La ampliación del transporte aparece como una condición necesaria no solo para sumar generación renovable, sino también para atender la demanda de los nuevos proyectos productivos que comenzarán a requerir grandes volúmenes de electricidad.
Las pymes reducen su consumo
En paralelo a los problemas de infraestructura, los datos de demanda muestran comportamientos diferentes según el tipo de usuario.
Las grandes industrias conectadas directamente al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), junto con actividades extractivas de gran escala, lograron mantener sus niveles de consumo. En contraste, la demanda eléctrica de las pymes industriales descendió hasta su nivel más bajo de los últimos tres años.
La diferencia refleja el comportamiento dispar de los distintos sectores de la economía. Las actividades vinculadas con energía, minería y agro presentan una mayor capacidad para sostener su demanda frente a los nuevos costos, mientras que el entramado pyme resulta más expuesto al enfriamiento del mercado interno.
Esta evolución agrega otro elemento de presión sobre un sistema que, además de necesitar nuevas inversiones, atraviesa un fuerte incremento en sus costos operativos.
El costo de generación alcanzó un récord
El valor medio de generación eléctrica escaló hasta los US$ 189 por MWh, un nivel récord impulsado, entre otros factores, por el encarecimiento internacional de los combustibles asociado al conflicto en Medio Oriente.
Al mismo tiempo, las tarifas abonadas por los usuarios llegaron a cubrir apenas el 32% de los costos del sistema, el nivel más bajo registrado desde comienzos de 2024.
La diferencia entre el costo real de generación y lo recuperado mediante las tarifas volvió a incrementar la necesidad de asistencia estatal. Solo durante junio, los subsidios necesarios para cubrir ese desfasaje fueron estimados en aproximadamente US$ 1.200 millones.
El escenario representa un desafío para la estrategia oficial de reducir el peso de los subsidios energéticos sobre las cuentas públicas, especialmente si los costos internacionales permanecen elevados.
La minería sumará presión sobre la infraestructura
A las actuales restricciones se agrega la expectativa de un importante crecimiento de la demanda eléctrica proveniente de nuevos proyectos mineros.
Las explotaciones de litio y, especialmente, los grandes desarrollos de cobre proyectados en provincias como San Juan, Salta y Catamarca requerirán importantes volúmenes de energía durante los próximos años.
La combinación de nuevos proyectos mineros, expansión renovable y crecimiento de la demanda de grandes consumidores coloca al transporte eléctrico como uno de los principales desafíos para la infraestructura energética argentina.
En ese contexto, la capacidad para concretar nuevas líneas de alta tensión y ampliar la red de transformación será determinante para evitar que las limitaciones actuales terminen condicionando tanto las inversiones en generación como el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
Fuente: La 17 / Redacción TE.
