El futuro del sector nuclear argentino volvió a quedar en el centro del debate tras nuevas denuncias sobre el rumbo adoptado por el Gobierno nacional. Los cuestionamientos apuntan a un proceso de desinversión en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el freno a proyectos estratégicos y la apertura a la participación privada en activos vinculados al desarrollo nuclear y la explotación de uranio.
Uno de los principales focos de preocupación es el impacto de los despidos registrados en la CNEA. Según datos difundidos por el organismo y relevamientos sectoriales, cientos de científicos, técnicos y profesionales dejaron la institución en los últimos años entre desvinculaciones y renuncias. A esto se suma una fuerte reducción presupuestaria y la paralización del proyecto CAREM, el reactor modular de diseño íntegramente argentino considerado una de las principales apuestas tecnológicas del país.
Especialistas y exfuncionarios advierten que esta situación podría provocar la pérdida de recursos humanos altamente capacitados y de conocimientos desarrollados durante décadas dentro del Estado. La ex presidenta de la CNEA y actual diputada Adriana Serquis sostuvo que parte de esos equipos fueron incorporados por empresas privadas, lo que, a su juicio, debilita el Plan Nuclear Argentino.
Las críticas también alcanzan a la decisión de la CNEA de habilitar un mecanismo de acceso preliminar para iniciativas privadas interesadas en activos bajo la órbita del organismo. La resolución permite solicitar información técnica, documentación, visitas a instalaciones y antecedentes relacionados con bienes, infraestructura, yacimientos y otros recursos administrados por la Comisión.
Desde sectores sindicales y referentes del ámbito nuclear interpretan que esta medida constituye el primer paso hacia un proceso de privatización de activos estratégicos. Entre las principales preocupaciones aparece la eventual cesión de información técnica vinculada al proyecto CAREM, cuyo diseño y desarrollo fue realizado por equipos del Estado argentino.
Otro de los ejes del debate gira en torno al uranio. La Argentina cuenta con importantes reservas identificadas y la CNEA mantiene bajo su administración yacimientos como Sierra Pintada, Cerro Solo, Don Otto y Laguna Colorada. Organizaciones gremiales y exautoridades del organismo sostienen que estos recursos podrían ser incorporados a futuros esquemas de explotación privada con destino a la exportación.
En paralelo, también despertó cuestionamientos la visita realizada en mayo por funcionarios de los departamentos de Estado y Energía de Estados Unidos a distintos centros atómicos argentinos, entre ellos el Centro Atómico Constituyentes, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Bariloche. Para los críticos de la política oficial, esos encuentros se enmarcan en una estrategia de cooperación que podría favorecer intereses extranjeros sobre capacidades desarrolladas por el país.
A este escenario se suma la aparición de nuevas empresas interesadas en el negocio del uranio. Entre ellas figura Fisherton Mining S.A., creada en 2025 y mencionada en documentación administrativa relacionada con expedientes reservados de la CNEA. También aparecen compañías como UrAmerica y Blue Sky, que integran el creciente interés privado por los recursos minerales considerados estratégicos.
Mientras el Gobierno sostiene que busca atraer inversiones y potenciar el desarrollo del sector, sindicatos, exfuncionarios y referentes del ámbito científico alertan sobre el riesgo de perder capacidades tecnológicas, recursos estratégicos y autonomía en una actividad considerada clave para la soberanía energética y científica de la Argentina.
Fuente: El destape/ Redacción TE
