La expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos comenzó a encontrar un obstáculo que hasta hace poco parecía impensado: el rechazo de las comunidades donde se proyecta instalar la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de esta tecnología. Las protestas contra nuevos centros de datos, las campañas para bloquear su construcción y el creciente cuestionamiento sobre su impacto energético y ambiental están transformando un debate tecnológico en un conflicto político y social.
De acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal, la oposición a la inteligencia artificial ya no se limita a especialistas o sectores vinculados al mundo digital. El malestar comenzó a trasladarse a barrios y ciudades donde vecinos cuestionan el consumo de electricidad y agua de los grandes data centers, además de advertir sobre posibles aumentos en las tarifas y los escasos beneficios que estas inversiones dejan para las economías locales.
Uno de los episodios que reflejó este cambio ocurrió durante una ceremonia de graduación en la Universidad de Arizona, donde el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, fue recibido con abucheos mientras defendía el potencial transformador de la inteligencia artificial. La escena evidenció que parte de la sociedad ya no percibe el desarrollo de esta tecnología únicamente como una oportunidad, sino también como una fuente de incertidumbre.
Las preocupaciones son diversas. A los temores por el reemplazo de empleos, la proliferación de desinformación y el impacto de la IA en la educación o la salud mental, se suma ahora la discusión sobre la infraestructura que requiere su funcionamiento. Los modelos de inteligencia artificial necesitan enormes capacidades de procesamiento, lo que obliga a construir centros de datos cada vez más grandes y con un elevado consumo energético.
Ese aspecto adquiere una relevancia creciente. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, impulsado principalmente por el desarrollo de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, además, se proyecta que estas instalaciones expliquen cerca de la mitad del incremento de la demanda de electricidad durante los próximos años.
El rechazo ciudadano ya se refleja en las encuestas. Un relevamiento de Gallup realizado en mayo de 2026 indicó que siete de cada diez estadounidenses se oponen a que se construyan centros de datos de IA cerca de sus hogares, un nivel de rechazo incluso superior al registrado para la instalación de nuevas centrales nucleares.
Las tensiones también comenzaron a tener consecuencias políticas. En distintas ciudades, proyectos para construir data centers fueron demorados, modificados o directamente rechazados tras la presión de organizaciones vecinales. En algunos casos, el respaldo de autoridades locales a estas iniciativas terminó generando costos electorales y fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia en las negociaciones con las grandes empresas tecnológicas.
El informe también menciona episodios de violencia vinculados a esta conflictividad, entre ellos la acusación contra un joven de Texas por atacar con un cóctel molotov la vivienda del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, además de amenazas contra instalaciones de la compañía. También se registraron intimidaciones contra funcionarios que habían respaldado proyectos de centros de datos.
La situación representa un desafío para empresas como OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon y Anthropic, que necesitan ampliar de manera constante su capacidad de cómputo para desarrollar modelos cada vez más complejos. Esa expansión requiere inversiones multimillonarias, acceso a energía abundante y nuevos acuerdos para instalar infraestructura en distintos territorios.
En este contexto, la discusión sobre la inteligencia artificial dejó de centrarse exclusivamente en sus capacidades tecnológicas. El foco comienza a desplazarse hacia preguntas sobre el costo energético de su desarrollo, el uso de recursos naturales, los impactos sobre las comunidades y la distribución de los beneficios económicos que genera una industria en plena expansión. En países que buscan captar inversiones en este sector, como Argentina, este debate podría adquirir cada vez mayor relevancia a medida que avancen nuevos proyectos de infraestructura tecnológica.
Fuente: Clarín/Redacción TE.
