Un histórico conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a cobrar fuerza a partir del desarrollo de grandes proyectos mineros en la cordillera. El gobierno riojano analiza presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la soberanía sobre un área de 2.651 kilómetros cuadrados que actualmente forma parte de la provincia de San Juan y donde se concentran importantes emprendimientos de cobre y oro.
El asesor general de la Gobernación de La Rioja, Pedro Goyochea, confirmó que la provincia evalúa recurrir al máximo tribunal, una posibilidad que ya fue autorizada por la Legislatura provincial. Además, adelantó que solicitarán audiencias con las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer los fundamentos del reclamo territorial.
La zona en disputa comprende el sector ubicado entre el cerro El Potro y el Valle de la Luna, en el departamento Iglesia. Se trata de un territorio con alto valor estratégico por su riqueza minera, su potencial turístico y su cercanía a algunos de los proyectos metalíferos más importantes que actualmente se desarrollan en Argentina.
Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego rechazó el planteo y aseguró que “la jurisdicción no está en discusión”. A través de sus redes sociales sostuvo que los límites provinciales “rigen hace 57 años” y recordó que fueron ratificados por el Congreso Nacional en 2014, al tiempo que convocó a los sanjuaninos a defender “el territorio, los recursos y el futuro” de la provincia.
El origen del conflicto se remonta al decreto-ley 18.004, sancionado en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que fijó los límites entre ambas provincias a favor de San Juan. Esa normativa fue posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino aprobado por el Congreso en 2014, situación que constituye uno de los principales argumentos jurídicos de la provincia cuyana.
Sin embargo, el gobernador riojano Ricardo Quintela sostiene que el territorio fue “sustraído ilegítimamente” durante la dictadura y anunció que impulsará una acción ante la competencia originaria de la Corte Suprema. En paralelo, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto que declara la nulidad de la ley nacional que estableció los actuales límites e instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales para impedir nuevos avances en la explotación de recursos naturales hasta que se resuelva la controversia.
El Gobierno riojano también planteó la posibilidad de abrir una instancia de diálogo con San Juan e incluso analizar un esquema de coadministración interprovincial de la zona, aunque desde la administración de Orrego descartaron esa alternativa y remarcaron que los límites provinciales se encuentran plenamente consolidados desde el punto de vista legal.
El conflicto adquiere una dimensión económica relevante a partir de la reforma constitucional de 1994, que otorgó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. En el área en disputa se ubican los yacimientos de Gualcamayo y la zona de influencia del Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más importantes del país.
El Proyecto Vicuña, impulsado por la australiana BHP en asociación con la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría y contempla inversiones estimadas en alrededor de 18.000 millones de dólares. La iniciativa prevé comenzar su producción hacia 2030 y es considerada uno de los mayores proyectos de cobre en desarrollo a nivel mundial.
Especialistas en derecho constitucional señalan que la Corte Suprema tiene competencia originaria para resolver este tipo de controversias entre provincias. No obstante, advierten que la ratificación legislativa de los límites realizada por el Congreso en 2014 podría convertir el litigio en una discusión basada principalmente en pruebas históricas y peritajes cartográficos.
Mientras tanto, el diferendo permanece abierto y su resolución dependerá de una eventual negociación política entre ambas provincias o, en última instancia, de una decisión de la Corte Suprema que defina definitivamente la jurisdicción sobre una de las regiones con mayor potencial minero de la Argentina.
Fuente: Tiempo Argentino / Redacción TE.
