Un informe de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) advirtió que la inteligencia artificial avanza de forma sostenida en el sistema judicial argentino, donde ya es utilizada por el 17% del Poder Judicial para asistir distintas tareas. Sin embargo, el crecimiento ocurre sin una normativa nacional que establezca criterios comunes para su implementación, lo que genera desafíos institucionales y riesgos para la protección de derechos.
Según el estudio, Argentina cuenta con desarrollos tecnológicos considerados de referencia en América Latina, aunque todavía no logró construir un marco regulatorio integral. En la práctica, cada organismo judicial adopta sus propios protocolos para incorporar estas herramientas.
La tendencia no es exclusiva del país. A fines de 2024, el Consejo de Europa identificó 125 sistemas de inteligencia artificial en funcionamiento dentro de instituciones judiciales y relevó que 44 países ya incorporaron estas tecnologías a sus sistemas de Justicia. No obstante, apenas nueve cuentan con normas o guías específicas para regular su uso, entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.
El informe destaca que, a nivel internacional, la IA se utiliza principalmente para la gestión de expedientes, la búsqueda de antecedentes y la elaboración de borradores, mientras que las decisiones finales continúan bajo responsabilidad de los jueces.
Los avances en Argentina
Uno de los desarrollos más destacados es Prometea, el sistema creado en 2017 por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto al IALAB de la Universidad de Buenos Aires. La herramienta fue aplicada en 658 expedientes vinculados al derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad, alcanzando un 90% de precisión y triplicando la productividad del organismo.
Desde mayo de 2024, ese mismo Ministerio Público también incorporó ChatGPT para analizar documentación y elaborar borradores de resoluciones en causas de empleo público y reclamos salariales, reduciendo los tiempos de redacción de una hora a apenas diez minutos.
A estas iniciativas se suman Jurisemia, implementado por el Poder Judicial de Córdoba para la búsqueda inteligente de jurisprudencia, y un piloto de inteligencia artificial generativa desarrollado por el Ministerio de Justicia, que recibió una valoración positiva del 81% entre unos 5.000 integrantes del Poder Judicial.
Falta una regulación
Si bien provincias como Santa Fe, San Juan y Río Negro ya aprobaron guías de buenas prácticas para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial, y otros organismos avanzaron con protocolos propios, Argentina todavía no cuenta con una legislación nacional.
Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron 62 proyectos de ley relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la Justicia, pero ninguno fue aprobado.
Tras analizar experiencias internacionales, CIPPEC sostiene que el desafío no pasa únicamente por incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino por desarrollar instituciones capaces de regularlas y supervisarlas.
Como ejemplo, el informe destaca que Reino Unido exige supervisión humana permanente sobre cualquier aplicación de inteligencia artificial utilizada en el sistema judicial, mientras que Brasil unificó decenas de plataformas en un sistema nacional y estableció reglas que prohíben aplicaciones incompatibles con los derechos fundamentales.
Riesgos y desafíos
El trabajo advierte que la implementación de inteligencia artificial en Argentina ocurre en un contexto de debilidades estructurales del sistema judicial vinculadas a la trazabilidad de la información, la interoperabilidad y la confianza pública.
Además, señala riesgos propios de estas tecnologías, como la reproducción de sesgos presentes en los datos de entrenamiento, posibles afectaciones a la privacidad, errores en las respuestas generadas y dificultades para proteger información sensible.
Frente a este escenario, CIPPEC propone avanzar en una estrategia nacional basada en cuatro ejes: mantener siempre el control humano sobre las decisiones judiciales, garantizar la transparencia en el uso de los sistemas, proteger los datos personales y avanzar de manera gradual bajo mecanismos permanentes de supervisión.
Para la entidad, el debate ya no pasa por definir si la inteligencia artificial formará parte de la Justicia, sino por establecer reglas claras que permitan aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo las garantías, la transparencia y los derechos de los ciudadanos.
Fuente: Memo / Redacción TE.
