Buenos Aires, 3 de julio de 2025
El crecimiento exponencial de la digitalización en la vida cotidiana de los ciudadanos ha puesto en agenda una nueva demanda social: el reconocimiento de los derechos digitales como parte del plexo normativo fundamental en Argentina. Con cada vez más voces desde distintos sectores políticos, académicos y sociales, se avanza en la discusión para institucionalizar derechos vinculados al mundo digital dentro de marcos legales y constitucionales.
El concepto de “derechos digitales” abarca un conjunto de garantías vinculadas al uso de tecnologías de la información y la comunicación: privacidad digital, neutralidad de la red, derecho a la identidad digital, acceso universal a Internet, desconexión laboral, protección de datos personales y libertad de expresión en plataformas digitales, entre otros.
Una de las experiencias más concretas en este sentido es la de la provincia de Santa Fe, que incorporó un capítulo específico sobre derechos digitales en el anteproyecto de su nueva Constitución. Allí se reconocen de manera explícita derechos como la desconexión laboral fuera del horario de trabajo, el control del uso de datos personales, y la garantía de acceso equitativo y libre a las plataformas digitales.
En el Congreso Nacional, este impulso se tradujo en la activación de tres proyectos clave que ya se encuentran en debate: el Proyecto de Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial, que busca establecer principios éticos, sistemas de auditoría y garantías de transparencia algorítmica; la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales (vigente desde 2000), que apunta a adecuarse a los estándares internacionales como el RGPD europeo; y el Proyecto de Ley para la creación de una Comisión Bicameral de Neuroderechos, presentado por el senador rionegrino Martín Doñate, cuyo objetivo es anticipar marcos regulatorios ante el avance de tecnologías neurocognitivas y garantizar la protección de la autonomía mental, la privacidad cerebral y la identidad personal.
Organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y la Red de Legisladores por una Internet Ciudadana vienen impulsando esta agenda desde hace años, pero el salto cualitativo se dio tras los escándalos vinculados a filtraciones de datos personales, vigilancia masiva y manipulación algorítmica en redes sociales.
Los expertos coinciden en que el derecho digital no puede ser accesorio, sino que debe ser parte estructural del nuevo contrato social que impone la revolución tecnológica. La idea de garantizar un marco jurídico integral que proteja al ciudadano digital avanza como uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI, especialmente en contextos donde los algoritmos y plataformas condicionan comportamientos, consumos e incluso discursos políticos.
El debate sigue abierto, pero el consenso crece: los derechos digitales deben ser considerados derechos humanos. Como expresó recientemente un investigador del CONICET, “lo que está en juego no es solo la tecnología, sino la dignidad, la libertad y la ciudadanía del presente y del futuro”.
Fuente: El Cronista / TecnoEnergía
