Gobernadores de provincias mineras reclaman que las empresas adheridas al RIGI den prioridad absoluta a proveedores locales y alineen sus compras con las leyes provinciales, que fijan pisos más altos que la norma nacional. Según Runrún Energético, el tema abrió un conflicto con el Gobierno nacional.
Imagen ilustrativa: la mina Veladero, en San Juan, que no corresponde a los proyectos ni a las empresas mencionadas en la nota. Foto: Antonio Gritta, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.
El artículo 176 del RIGI obliga a los proyectos adheridos a contratar bienes y obras locales por al menos el 20% de la inversión destinada a pagos a proveedores, sujeto a condiciones de mercado de precio y calidad.
Para el Gobierno nacional, un proveedor local puede estar en cualquier lugar del país. Las provincias piden limitar el concepto a firmas con domicilio real, fiscal y personal en su territorio, con metas de entre 50% y 70% de la contratación anual. San Juan invoca el artículo 193, que preserva las facultades provinciales para promover la contratación local.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la visión nacional y advirtió que fragmentar el mercado impediría desarrollar escala.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que no permitirá que los proyectos operen como «islas» aisladas del tejido productivo local. Su par de Catamarca, Raúl Jalil, pidió que el compre local no sea solo un compromiso de palabra. El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, advirtió que las licitaciones podrían ir a firmas de otras provincias o del exterior si no se protege a las locales.
Desde la industria, Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz y representante de la CAEM, sostuvo que las provincias quieren ser protagonistas, pero que eso no alcanzará.
La ley 8164 de Salta exige que al menos el 70% de lo contratado cada año vaya a proveedores locales, que el 80% del personal esté domiciliado en la provincia y que el 51% del capital de las empresas pertenezca a socios salteños. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego impulsó en 2026 la Ley de Desarrollo Local Minero, con metas de 60% de compras provinciales y 80% de empleo local.
Rio Tinto informó más de US$ 1.800 millones adjudicados a proveedores argentinos. En Rincón (Salta), US$ 428 millones de los US$ 941 millones destinados a firmas nacionales fueron a empresas salteñas. En Fénix 1B (Catamarca), US$ 153,6 millones de US$ 310,7 millones fueron a proveedores locales.
Las provincias advierten sobre firmas «de conveniencia» que se registran solo para calificar y luego subcontratan. En Calingasta, donde está Los Azules, las empresas locales son sobre todo de servicios básicos y pocas pueden dar servicios especializados sin capacitación, financiamiento y mejoras técnicas.
Fuente: Runrún Energético / Redacción TE
