La decisión del municipio bonaerense de Olavarría de crear una nueva tasa para los parques eólicos volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la seguridad jurídica y el impacto de la carga tributaria en las inversiones en energías renovables.
La iniciativa contempla el cobro de una tasa anual de Seguridad e Higiene de aproximadamente US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado en el distrito. Desde el sector empresario advierten que la medida podría alterar la rentabilidad de los proyectos y convertirse en un antecedente para que otros municipios adopten esquemas similares.
El debate cobra mayor relevancia tras el vencimiento, el 31 de diciembre de 2025, de la Ley 27.191, que otorgaba estabilidad fiscal a las inversiones en energías renovables e impedía la creación de tributos específicos por parte de la Nación, las provincias o los municipios. Aunque el Gobierno nacional propuso extender ese régimen hasta 2045, la iniciativa aún espera tratamiento en el Congreso.
Olavarría concentra actualmente cuatro parques eólicos, en funcionamiento o construcción, con un total de 82 aerogeneradores pertenecientes a compañías como YPF Luz, PCR, ArcelorMittal Acindar y empresas vinculadas al Grupo Techint. Entre los proyectos se destacan el Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz; el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar; y los emprendimientos Vientos de Olavarría y La Rinconada, impulsados por firmas del grupo Techint.
Desde las empresas sostienen que la nueva tasa modifica las condiciones económicas bajo las cuales fueron planificadas las inversiones y genera incertidumbre para futuros desarrollos del sector.
Durante la vigencia de la Ley 27.191, Argentina incorporó alrededor de 6.500 megavatios de potencia renovable y atrajo inversiones por más de US$ 7.000 millones en proyectos eólicos, solares y de otras fuentes de generación. La falta de una prórroga alimenta la preocupación de los inversores, que reclaman reglas tributarias previsibles para sostener el crecimiento del sector.
El proyecto impulsado por el intendente de Olavarría establece una tasa denominada “Inspección de Seguridad e Higiene aplicable a Parques de Generación de Energía Eólica”, que alcanzaría a todos los aerogeneradores, estén o no operativos. Además, su pago sería un requisito para renovar las habilitaciones municipales.
Según la propuesta, el municipio fundamenta el cobro en las tareas de inspección, fiscalización y control vinculadas al funcionamiento de los parques eólicos. A su vez, incorpora una cláusula de previsibilidad que impediría modificar el valor de la tasa durante un plazo de diez años.
La iniciativa reabre una discusión que ya tuvo antecedentes en el país. En 2020, el municipio de Puerto Madryn creó una tasa sobre los parques eólicos equivalente a cerca del 5% de la facturación, aunque su aplicación fue suspendida por la Justicia Federal en 2022.
Con el régimen nacional de promoción ya vencido y la prórroga aún sin definición legislativa, el sector energético observa con atención las decisiones de los gobiernos locales, en un escenario donde la seguridad jurídica vuelve a ser un factor clave para el desarrollo de nuevas inversiones.
Fuente: Diario Neuquino / Redacción TE.
