La autorización otorgada por el gobierno de Alberto Weretilneck para realizar tareas de exploración minera en el Cerro Carreras abrió una fuerte controversia en la provincia, tanto por el área involucrada como por las condiciones en que se tramitó el expediente.
El permiso, registrado como “Cateo Collin” (expediente N° 50138-2025), habilita a la empresa Tamar Mining SA a explorar cerca de 10.000 hectáreas en la zona del Alto Río Chubut, un área clave por su valor hídrico y ambiental.
Un proyecto en una zona sensible
El área autorizada se ubica en la cordillera rionegrina, donde nacen cursos de agua fundamentales para la región patagónica. Además, presenta características glaciares y periglaciares, lo que la convierte en una reserva estratégica de agua dulce.
Especialistas advierten que este tipo de ambientes están protegidos por la legislación nacional vigente, que limita las actividades extractivas para preservar los glaciares y su función como reguladores hídricos.
Uno de los principales focos de crítica apunta a la falta de difusión del permiso. Según los registros disponibles, el trámite se inició en julio de 2025, pero no habría sido publicado en el Boletín Oficial en los meses siguientes. Su formalización recién aparece en sistemas administrativos en enero de 2026.
La ausencia de información pública, junto con la falta de instancias de participación ciudadana y estudios de impacto ambiental difundidos, genera interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Emergencia hídrica y minería
La polémica se profundiza por el contexto en el que se otorgó la autorización. El 20 de enero de 2026, el propio Weretilneck firmó el decreto 40/2026 declarando la emergencia hídrica en gran parte de la provincia, priorizando el uso del agua para consumo humano y servicios esenciales.
En paralelo, la habilitación de actividades mineras —que suelen demandar grandes volúmenes de agua— abre un debate sobre la coherencia de la política pública y posibles tensiones normativas.
Tamar Mining SA es una firma creada en 2023 y vinculada a redes de inversión con presencia internacional. Está asociada a grupos empresarios que operan en distintas provincias mineras del país y se presenta como promotora de proyectos con estándares de sustentabilidad.
Sin embargo, la escasa información pública sobre el proyecto en Río Negro contrasta con ese posicionamiento.
El área impacta sobre territorios habitados por comunidades mapuche, como Lof Cayunao y Kom Kiñé Mu, que denuncian no haber sido consultadas, en posible incumplimiento de la normativa provincial sobre consulta previa.
Además, pobladores de la zona reportaron cambios en el agua del río Chubut —como turbidez y presencia de espuma— en un contexto ya atravesado por la sequía, lo que incrementa la preocupación local.
El caso reaviva una discusión estructural en Río Negro: el modelo de desarrollo. Por un lado, la expansión de la actividad minera como fuente de divisas; por otro, la preservación de recursos estratégicos como el agua en un escenario de crisis climática.
Iniciativas políticas buscan revisar o anular el permiso, mientras crece el debate público sobre los criterios con los que se habilitan este tipo de proyectos.
Más allá de las definiciones administrativas, el conflicto pone en el centro una pregunta clave: cómo equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y derechos de las comunidades en territorios de alta sensibilidad ecológica.
Fuente: Tiempo Argentino/Redacción TE.
