REDACCIÓN TE — Mientras Europa avanza en la regulación del acceso de menores a las redes sociales, América Latina sigue sin un marco normativo sólido que proteja adecuadamente a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del ecosistema digital. La reciente decisión de la Unión Europea de permitir a cada país miembro fijar sus propias reglas sobre la llamada “mayoría digital” (edad mínima para acceder a redes sociales) pone sobre la mesa un debate impostergable: ¿qué estamos haciendo en la región para legislar, divulgar y tomar conciencia sobre esta problemática?
Los países europeos como Francia, España, Irlanda y Grecia ya están dando pasos concretos. En Francia, por ejemplo, se discute una ley para prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, y ya rige una estricta verificación de edad para acceder a contenidos pornográficos. España busca establecer los 16 años como edad mínima para abrir una cuenta, utilizando un sistema de verificación digital que incorpora una “cartera digital” estatal. Irlanda obliga a las plataformas a ofrecer controles parentales efectivos, mientras Grecia ha desarrollado una aplicación que permite a los padres autorizar o rechazar el acceso de sus hijos a redes mediante identificación digital.
Este avance se da en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que establece obligaciones de transparencia, verificación de edad y protección del menor, pero deja a cada país la potestad de elevar los estándares según sus necesidades culturales o sociales.
En América Latina, sin embargo, la ausencia de una legislación clara y unificada deja un vacío peligroso. Si bien existen normativas dispersas sobre protección de datos personales o delitos informáticos, ninguna regula con precisión el acceso de menores a redes sociales ni obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación efectivos. Los menores están expuestos desde edades cada vez más tempranas a contenidos violentos, sexuales, desinformación y algoritmos que manipulan sus emociones y decisiones.
Según estudios internacionales, el uso intensivo de redes sociales antes de los 13 años está directamente asociado con problemas de salud mental, ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos del sueño. Además, la exposición a la publicidad dirigida y a los modelos de consumo compulsivo desde edades tempranas afecta la construcción de subjetividades y vulnera derechos fundamentales.
Argentina debe tomar nota del debate europeo y avanzar hacia un pacto federal de protección digital de la infancia y adolescencia, que incluya:
Establecer una edad mínima legal para el uso de redes sociales (por ejemplo, 15 o 16 años).
Implementar sistemas seguros de verificación de edad y consentimiento parental, basados en tecnologías interoperables.
Obligar a las plataformas a crear perfiles especiales para menores, con algoritmos adaptados, sin publicidad ni seguimiento de datos personales.
Crear campañas de educación digital crítica y alfabetización mediática en escuelas y hogares.
Incluir el enfoque de derechos de la infancia en toda legislación vinculada a tecnologías digitales, redes y plataformas.
La protección de la infancia en el entorno digital no puede seguir siendo opcional ni pospuesta. Las redes sociales, tal como están diseñadas hoy, no son espacios seguros para niños. El Estado, las plataformas, las familias y la sociedad civil deben asumir esta responsabilidad de forma urgente y colectiva.
La experiencia europea puede ofrecer inspiración, pero la solución debe ser local, adaptada a nuestras realidades sociales, culturales y tecnológicas. Legislar, divulgar, educar y actuar es el camino para construir un futuro digital más humano, justo y seguro para nuestras infancias.
Fuente: Euractiv – Adaptado por REDACCIÓN TE
