Las distribuidoras eléctricas de América Latina y el Caribe aseguran perder hasta US$16.600 millones por año debido a las denominadas Pérdidas No Técnicas (PNT), una categoría que incluye conexiones irregulares, errores de facturación, deficiencias administrativas y distintas formas de consumo no registrado. Sin embargo, especialistas advierten que reducir el fenómeno al concepto de “robo de energía” simplifica un problema mucho más complejo, vinculado a la pobreza energética, la urbanización informal y las falencias de los propios sistemas de distribución.
Un estudio elaborado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (ADELAT), junto con la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que la región pierde cerca del 17% de la energía generada, una cifra que triplica el promedio de los países de la OCDE.
Según el informe, estas pérdidas representan unos 120 TWh anuales, un volumen similar a toda la generación eólica y solar de América Latina. Para las empresas distribuidoras, el impacto económico oscila entre US$9.600 y US$16.600 millones por año.
No obstante, detrás de esos números aparecen realidades sociales que el propio estudio reconoce. En numerosos barrios populares y asentamientos urbanos, el acceso irregular a la electricidad suele estar asociado a la ausencia histórica de infraestructura, dificultades económicas para afrontar tarifas crecientes y procesos de exclusión urbana que los Estados no han logrado resolver.
Aunque desde el sector empresario se enfatiza el peso del fraude eléctrico, el informe también identifica pérdidas originadas en errores operativos, registros comerciales desactualizados, problemas de medición y deficiencias en la gestión interna de las compañías.
La investigación señala además que las soluciones exclusivamente tecnológicas —como medidores inteligentes o sistemas avanzados de monitoreo— resultan insuficientes si no están acompañadas por políticas de inclusión, regularización de usuarios y mejoras en la calidad de los datos comerciales.
Las experiencias relevadas en distintos países muestran que los mejores resultados no provienen únicamente de los controles y sanciones, sino de estrategias integrales que combinan inversiones en infraestructura, programas de normalización de redes y mecanismos que permitan incorporar formalmente a sectores históricamente excluidos del servicio.
Otro aspecto que genera debate es el tratamiento tarifario de estas pérdidas. En muchos mercados eléctricos una parte de los costos derivados de la energía no contabilizada termina siendo reconocida en las tarifas, trasladándose al conjunto de los usuarios. Esto abre interrogantes sobre la eficiencia de los marcos regulatorios y sobre quién debe asumir los costos de un problema que involucra tanto a las empresas como a los Estados.
Mientras América Latina avanza hacia una transición energética que exige mayores niveles de eficiencia y nuevas inversiones, el desafío de reducir las pérdidas eléctricas aparece estrechamente ligado a la necesidad de enfrentar desigualdades estructurales. Más que un problema exclusivamente técnico o policial, la cuestión expone las dificultades de millones de personas para acceder a servicios esenciales en condiciones adecuadas y pone en evidencia las limitaciones de los modelos de gestión energética vigentes en gran parte de la región.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
