La senadora nacional Ana Marks presentó un proyecto de ley que propone restituir la soberanía hidrocarburífera en la Argentina, con el objetivo de volver a ubicar el autoabastecimiento energético como eje de la política pública y asegurar un desarrollo económico con mayor equidad.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora advirtió sobre las tensiones del escenario internacional y su impacto en el país: “En un mundo donde se anticipan posibles faltantes de combustibles, Argentina enfrenta una paradoja: contamos con Vaca Muerta, pero seguimos expuestos a crisis externas. El modelo actual prioriza exportaciones, pero no garantiza estabilidad interna. Sin un Estado activo, no hay soberanía energética”.
Marks también puso el foco en las desigualdades territoriales, especialmente en regiones productoras: “En Río Negro, los ductos atraviesan localidades enteras, pero miles de familias aún no tienen acceso al gas. La soberanía energética se concreta cuando los recursos llegan efectivamente a la gente y no quedan sólo en manos del mercado”.
El proyecto plantea que la energía debe ser considerada un pilar estratégico de la independencia económica y sostiene la necesidad de una planificación integral que articule producción, refinación y abastecimiento interno. Entre sus objetivos, se incluye la posibilidad de incidir en los precios en origen para evitar distorsiones y proteger a los consumidores.
La propuesta se enmarca en una línea similar a la planteada por el diputado nacional Máximo Kirchner, quien promueve mecanismos de resguardo frente a la volatilidad internacional, especialmente ante conflictos como la guerra en Medio Oriente, con el fin de evitar que el impacto de las subas globales en energía, alimentos y fertilizantes recaiga sobre la población.
En términos concretos, la iniciativa declara de interés público nacional a toda la cadena de hidrocarburos —desde la exploración hasta la comercialización— y establece como prioridad el abastecimiento del mercado interno, limitando las exportaciones a los saldos excedentes. Asimismo, impulsa inversiones para garantizar disponibilidad energética en distintos horizontes temporales.
El texto también prevé una mayor intervención estatal en la regulación del sector, incluyendo herramientas para amortiguar el traslado de la volatilidad internacional a los precios locales. A su vez, incorpora mecanismos de transparencia, como la obligación del Poder Ejecutivo de informar anualmente al Congreso sobre reservas, producción, demanda, inversiones y política de precios.
Otro de los ejes es el fortalecimiento de las empresas de capital nacional y la promoción de una explotación sustentable de los recursos, con una perspectiva de largo plazo.
El proyecto cuenta con el respaldo del bloque justicialista en el Senado y reúne firmas de legisladores como Martín Soria, Florencia López, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Lucía Corpacci y Adán Bahl, entre otros.
y
