Una decisión judicial adoptada en La Rioja volvió a poner en tensión el desarrollo de uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país. A partir de una medida dictada el 16 de abril por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, se ordenó la paralización por 30 días del proyecto Vicuña y la interrupción del tránsito de vehículos y maquinaria vinculados a la iniciativa en territorio riojano. La resolución se formalizó en el expediente “Estado Provincial contra Vicuña S.A.” e incluyó la instalación de retenes policiales en puntos clave de la red vial.
El conflicto tiene un eje central: la disputa por competencias ambientales y jurisdiccionales. Aunque el yacimiento se encuentra en San Juan, parte de su logística atraviesa localidades riojanas como Guandacol y Villa Unión. El gobierno de La Rioja sostiene que la empresa debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) también ante sus autoridades, y no únicamente en San Juan. En esa línea, la jueza consideró válido el planteo y exigió una evaluación conjunta.
Frente a este escenario, Vicuña —la sociedad conformada por las mineras BHP y Lundin Mining— adoptó una estrategia de bajo perfil público, pero con movimientos concretos en paralelo. Entre las alternativas en análisis aparece la Ruta Provincial 430, un corredor completamente dentro de San Juan que permitiría evitar el paso por territorio riojano mientras se resuelve la disputa judicial.
Sin embargo, esta opción no está exenta de costos. Se trata de un recorrido más extenso y con mayores exigencias logísticas, lo que implicaría rediseñar la cadena de abastecimiento, renegociar contratos de transporte y adaptar la infraestructura vial para soportar el tránsito intensivo de equipos pesados. Todo esto en un proyecto que prevé inversiones de entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, donde cualquier demora impacta directamente en los costos.
En paralelo, la empresa avanza en el denominado “Corredor Norte”, un acceso que discurre íntegramente por San Juan y que busca reducir la dependencia de rutas que atraviesan La Rioja. No obstante, este trazado aún no está finalizado, por lo que no ofrece una solución inmediata.
El freno judicial también tiene efectos sobre la economía local. Proveedores riojanos vinculados a la obra ven comprometida su actividad, incluyendo contratos vigentes y licitaciones en curso, como la construcción del bypass de Guandacol, que quedó en suspenso tras la medida.
En el plano político, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tomó distancia del conflicto al señalar que se trata de una disputa entre la empresa y La Rioja, aunque reiteró su respaldo al desarrollo minero como motor económico. Desde La Rioja, en tanto, no descartan escalar el caso a la Corte Suprema si no se resuelve la controversia sobre la competencia ambiental.
Más allá del caso puntual, el episodio genera preocupación en el sector minero por su impacto en la seguridad jurídica. Referentes de la industria advierten que decisiones de este tipo, especialmente si se aplican sin notificación previa, pueden afectar la previsibilidad necesaria para inversiones de gran escala.
El futuro del proyecto dependerá ahora de varios factores: la respuesta legal de la empresa, la eventual presentación del EIA ante La Rioja y el avance de las obras de acceso alternativas. Mientras tanto, Vicuña sigue adelante con cautela, ajustando su estrategia en un contexto donde los desafíos ya no son solo técnicos, sino también institucionales.
Fuente: Más Energía/Redacción TE.
