El avance acelerado de la inteligencia artificial promete transformar la economía global, impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, detrás de ese escenario también aparece un desafío que comienza a preocupar a economistas y gobiernos: el impacto que la automatización podría tener sobre la recaudación tributaria y las cuentas públicas.
El problema radica principalmente en la estructura de los sistemas fiscales actuales. Buena parte de los ingresos de los Estados proviene de impuestos vinculados al trabajo, mientras que el capital y las ganancias empresariales suelen soportar una carga proporcionalmente menor. Si la inteligencia artificial reemplaza empleos o reduce la participación de los salarios dentro de la economía, esa base tributaria podría comenzar a deteriorarse.
El fenómeno ya empieza a mostrar algunas señales en Estados Unidos. Durante el último año, las ganancias corporativas antes de impuestos crecieron alrededor de 1,2 billones de dólares, un incremento cercano al 30%. Sin embargo, la recaudación proveniente de los impuestos corporativos cayó, en parte por las importantes deducciones asociadas a las inversiones realizadas por las compañías tecnológicas.
La paradoja es que la IA podría generar economías más grandes sin necesariamente resolver los problemas fiscales. Distintos modelos económicos estiman que una fuerte mejora de la productividad podría reducir considerablemente la relación entre deuda y Producto Bruto Interno (PBI) en el largo plazo. Aun así, los déficits podrían mantenerse elevados si los ingresos públicos no crecen al mismo ritmo que el gasto.
La situación adquiere mayor relevancia en los países desarrollados. Dentro de la OCDE, los impuestos sobre los ingresos personales y las contribuciones a la seguridad social representan una parte importante de la recaudación. En Estados Unidos, aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos tributarios federales están vinculados directa o indirectamente al trabajo.
Un escenario de fuerte automatización podría modificar ese equilibrio. Un análisis sobre una hipotética caída de diez puntos porcentuales en la participación del trabajo dentro del ingreso nacional muestra que países como Italia, Francia y Alemania podrían enfrentar un deterioro considerable de sus cuentas fiscales. Economías que aplican una mayor presión tributaria sobre el capital, como Australia y Corea del Sur, tendrían inicialmente una exposición menor.
Al mismo tiempo, la inteligencia artificial podría incrementar algunas necesidades de gasto público. Los trabajadores desplazados por la automatización podrían requerir programas de capacitación, asistencia por desempleo u otros mecanismos de protección social. Además, los gobiernos podrían enfrentar mayores costos para retener trabajadores especializados frente a sectores privados beneficiados por fuertes aumentos de productividad y salarios.
El debate sobre cómo gravar la economía de la IA
Frente a este panorama comenzaron a analizarse diferentes alternativas. Una posibilidad consiste en aplicar impuestos directamente relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo sobre la capacidad informática utilizada para entrenar modelos o sobre su utilización. Sin embargo, la capacidad recaudatoria de estas herramientas todavía resulta incierta.
Otra opción apunta a modificar la tributación sobre el capital y las ganancias extraordinarias generadas por el desarrollo tecnológico. Entre las alternativas estudiadas aparecen mayores impuestos sobre las ganancias de capital, modificaciones en los tributos corporativos y gravámenes sobre grandes patrimonios.
También ganan espacio los impuestos al consumo, considerados por algunos economistas como una herramienta capaz de sostener la recaudación en una economía donde una proporción creciente de los ingresos podría dejar de estar directamente relacionada con el trabajo humano.
El crecimiento de la inteligencia artificial abre así una discusión que trasciende ampliamente al sector tecnológico. Si la automatización modifica la manera en que se distribuyen los ingresos entre trabajadores y propietarios del capital, los Estados podrían verse obligados a rediseñar sistemas tributarios construidos durante décadas alrededor del empleo y los salarios.
El desafío será aprovechar las mejoras de productividad que promete la IA sin que esa transformación termine debilitando los recursos necesarios para financiar servicios públicos y sistemas de protección social.
Fuente: Ámbito / Redacción TE.
