La política de reducción de subsidios y recomposición tarifaria impulsada por el gobierno de Javier Milei continúa modificando el costo de los servicios públicos para los hogares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios acumula un incremento del 867% desde diciembre de 2023, muy por encima de la evolución del nivel general de precios durante el mismo período.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), en septiembre de 2026 el gasto en servicios públicos se redujo un 7,3% respecto de agosto. Sin embargo, esa caída mensual no estuvo asociada a una reducción general de las tarifas, sino principalmente a un menor consumo estacional de electricidad y gas natural.
La comparación interanual muestra otra realidad: la canasta aumentó un 55% respecto de septiembre de 2025. Y si se toma como punto de partida diciembre de 2023, antes de la asunción del actual Gobierno nacional, el incremento alcanza el 867%, frente a una variación acumulada del IPC general del 254%.
Los números reflejan uno de los cambios centrales de la política económica implementada desde el comienzo de la gestión libertaria: reducir el peso de los subsidios estatales y trasladar progresivamente una mayor proporción del costo real de los servicios a los usuarios.
En la actualidad, los hogares del AMBA cubren en promedio alrededor del 54% del costo de los servicios públicos incluidos en la canasta, mientras que el Estado nacional afronta el 46% restante.
Dentro de esa estructura, el transporte representa aproximadamente el 47% del gasto total de los hogares. Durante septiembre registró un incremento mensual del 2,4% y una suba interanual del 70%.
La electricidad y el nuevo esquema de subsidios
El sector eléctrico es uno de los principales escenarios de esta transformación.
Desde 2026 funciona el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el anterior sistema de segmentación por niveles de ingresos y concentró la asistencia estatal en una única categoría de hogares considerados beneficiarios.
El nuevo modelo también establece bloques de consumo subsidiados. Una vez superados esos límites, la energía consumida deja de recibir bonificaciones y pasa a pagarse sin esa asistencia estatal.
En septiembre de 2026, para los usuarios alcanzados por los subsidios se contempla una bonificación del 50% hasta determinados niveles de consumo, a la que se suma una bonificación extraordinaria prevista para garantizar una transición gradual hacia el nuevo esquema.
Pese al proceso de reducción de subsidios encarado por el Gobierno, el Estado todavía mantiene una participación importante en el costo energético residencial.
Tomando como referencia los precios establecidos para el sistema eléctrico, en promedio los usuarios aportan aproximadamente el 58% del costo, mientras que el Estado nacional cubre el 42% restante. Si la comparación se realiza contra el costo estimado del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el segmento residencial, la proporción cambia: los usuarios cubren alrededor del 43% y el Estado el 57%.
El precio mayorista también aumenta
El Precio Estabilizado de la Energía (PEE) pasó de $80.528 por MWh en septiembre de 2025 a $84.965 en agosto de 2026 y alcanzó los $86.474 por MWh en septiembre.
De esta manera, el precio mayorista registró un incremento mientras el Gobierno continúa avanzando en la reducción de la asistencia estatal.
La estrategia forma parte de uno de los pilares del programa económico de Milei: disminuir el gasto destinado a subsidiar los servicios y acercar progresivamente las tarifas abonadas por los usuarios al costo de abastecimiento.
Más ajuste previsto para 2027
El proceso todavía no terminó. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva reducción de los subsidios destinados a energía y transporte equivalente a 0,11 puntos del Producto Interno Bruto.
La intención oficial es que durante 2027 la cobertura promedio del costo de abastecimiento supere el 88%, profundizando el traslado de los costos hacia los usuarios y reduciendo nuevamente la participación del Estado.
El esquema marca así una transformación profunda respecto del modelo tarifario existente antes de diciembre de 2023. Aunque durante septiembre el gasto mensual de los hogares mostró una reducción por razones estacionales, la comparación de largo plazo expone el impacto acumulado de la política oficial: desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 867%, más de tres veces la variación acumulada del índice general de precios.
Fuente: Energía&Negocios / Redacción TE.
