El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La acción judicial está dirigida contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, además de quienes resulten responsables de la construcción y operación del emprendimiento. El planteo cuestiona el proyecto por razones vinculadas con la soberanía argentina, su posible impacto ambiental y la falta de autorización del Estado nacional para explotar hidrocarburos en el área.
Entre las principales medidas solicitadas se encuentra la suspensión de obras, perforaciones y demás actividades relacionadas con Sea Lion. Las organizaciones también pidieron impedir nuevas operaciones financieras destinadas a sostener el proyecto, incluyendo contratos de financiamiento, desembolsos, transferencias, pagos, aportes y garantías.
La presentación busca además identificar a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores económicos involucrados en el desarrollo, y solicita un embargo preventivo sobre bienes de las compañías por US$156,4 millones.
Uno de los principales argumentos de la demanda sostiene que las empresas avanzan sobre la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. Según las organizaciones, los permisos concedidos por las autoridades de las Islas Malvinas no pueden sustituir las normas argentinas ni habilitar unilateralmente la explotación de recursos naturales en un área alcanzada por la disputa de soberanía.
El planteo invoca la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia.
En ese marco, los demandantes proponen el concepto de “tutela ambiental soberana”, al considerar que el caso involucra simultáneamente la protección del ambiente y la soberanía sobre el territorio y sus recursos naturales.
El proyecto Sea Lion se encuentra en los bloques PL032 y PL004b de la Cuenca Malvinas Norte. Navitas posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper controla el 35% restante.
La primera etapa prevé la perforación de 23 pozos y la utilización de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Según el cronograma informado por las compañías, las perforaciones comenzarían a principios de 2027 y la primera producción de petróleo está prevista para 2028.
El desarrollo podría extenderse durante más de 30 años. Las empresas también analizan una ampliación mediante una segunda FPSO, que permitiría incrementar significativamente la capacidad de producción, con un potencial adicional de hasta 125.000 barriles diarios.
Durante 2026, las compañías informaron avances en la infraestructura necesaria para iniciar el proyecto, incluyendo trabajos en el muelle y la base terrestre, mientras continúa la fabricación del equipamiento correspondiente a la primera fase.
La demanda también pone el foco en los posibles impactos ambientales de la explotación offshore. Las organizaciones sostienen que las empresas no realizaron ante el Estado argentino el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni cuentan con un certificado ambiental nacional.
Entre los riesgos mencionados se encuentran posibles derrames de hidrocarburos, contaminación, alteraciones del fondo oceánico, movimiento del lecho marino, tránsito de embarcaciones y utilización de productos químicos, además de potenciales consecuencias para mamíferos y aves marinas.
Según la documentación incorporada a la presentación, el desarrollo de Sea Lion generaría alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono durante su ejecución, mientras que la posterior combustión del petróleo extraído podría superar los 100 millones de toneladas adicionales.
La acción judicial se suma al rechazo expresado anteriormente por el Gobierno argentino. En diciembre de 2025, la Cancillería cuestionó la decisión final de inversión adoptada por Rockhopper y Navitas y sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa contradice las resoluciones de Naciones Unidas.
Pese a la posición argentina, las compañías continuaron avanzando con el proyecto a partir de las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas. En agosto, Rockhopper ratificó su objetivo de comenzar las perforaciones a principios de 2027.
Con la presentación ante la Justicia Federal, el CECIM La Plata y AAdeAA buscan frenar un proyecto que consideran incompatible con el reclamo argentino de soberanía y con las obligaciones de protección ambiental.
Fuente: Info Cielo / Redacción TE.
