El Gobierno de Estados Unidos presentará un nuevo amicus curiae en apoyo a la Argentina en el juicio por la reestatización de YPF. La intervención fue notificada por el Departamento de Justicia a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza si deja firme o revierte la orden de transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal.
Se trata de la segunda vez que Washington se involucra formalmente en el caso. Ya lo había hecho en noviembre pasado, durante la gestión de Joe Biden, advirtiendo que una sentencia que obligue a entregar acciones argentinas violaría el principio de inmunidad soberana y sentaría un precedente riesgoso para los propios activos estadounidenses en el exterior.
Ahora, bajo la administración de Donald Trump, la presentación será realizada por la oficina de fiscales del Departamento de Justicia. La incógnita es si el nuevo escrito mantendrá los argumentos del anterior o introducirá una postura distinta.
El caso continúa en una fase decisiva. La Cámara de Apelaciones otorgó una suspensión temporal de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que ordenaba ejecutar la transferencia del paquete accionario. Argentina busca que esa suspensión se convierta en definitiva, mientras prepara su apelación ante la Corte Suprema si fuera necesario.
En paralelo, el país sigue sumando apoyos internacionales: Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador ya presentaron sus propios escritos de respaldo a través de sus cancillerías, también bajo la figura del amicus curiae.
El argumento central de la defensa argentina es que la sentencia implica un daño soberano irreparable, ya que las acciones están bajo custodia en la Caja de Valores de Buenos Aires y no en jurisdicción estadounidense. Además, sostienen que aún no se resolvió el fondo del caso en instancia superior, por lo que no corresponde ejecutar la orden judicial.
El próximo jueves 17 de julio Burford Capital, el fondo que litiga contra el país, deberá presentar su oposición a la suspensión. Y el martes siguiente será el turno de la respuesta formal del Estado argentino.
Fuente: Dinamicarg
