La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender su fallo que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF. Se trata de un nuevo revés para el país en la causa por la estatización de la petrolera, llevada adelante por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2012.
La decisión llega en una fecha clave: este 14 de julio vencía el plazo original para que la Argentina depositara ese paquete accionario en custodia, como lo establece el fallo emitido en septiembre de 2023. La magistrada no dio lugar a la solicitud oficial, a la que se había opuesto el fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio. “El país debía entregar hoy mismo las acciones en un banco de Nueva York”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso de cerca.
Argentina sostiene que el traspaso implicaría un daño irreparable a su soberanía y que no puede cumplir con la orden sin violar sus propias leyes. A su vez, en la apelación y, anticipándose a este posible rechazo, solicitó tres días adicionales para avanzar ante el tribunal superior. Los abogados del país también argumentaron que cualquier transferencia de acciones estatales requiere aprobación parlamentaria con una mayoría especial, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
El camino judicial
Pese a no contar aún con la definición de Preska, el Gobierno avanzó en la apelación formal de la sentencia. La administración argentina busca revertir el fallo en instancias superiores, aunque las chances de éxito son inciertas. Desde el entorno oficial señalan que la decisión de apelar estaba tomada independientemente del resultado del pedido de suspensión.
Burford, en tanto, había advertido que una suspensión del fallo pondría en riesgo los derechos de los demandantes. El fondo sostuvo que Argentina no cumplió con los requisitos previos establecidos por la Corte, como ofrecer garantías o custodiar las acciones judicialmente, condiciones que podrían haber evitado la transferencia inmediata del paquete accionario.
La sentencia de Preska condena al Estado argentino a pagar más de US$ 16.100 millones en concepto de indemnización, monto al que se le suman intereses por US$ 1.650 millones —unos 3 millones diarios acumulados hasta la fecha—.
Negociaciones rechazadas
Burford había mostrado disposición a negociar un acuerdo extrajudicial con quitas, buscando cobrar antes aunque por una suma menor. Sin embargo, el Gobierno argentino rechazó esa posibilidad y optó por agotar todas las instancias judiciales, lo que prolongará aún más el conflicto.
Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones políticas, financieras y jurídicas, con consecuencias potencialmente millonarias para el país y para el futuro de YPF.
El presidente Javier Milei reiteró la semana pasada su rechazo al fallo: “Para ejecutar esa sentencia haría falta una ley del Congreso con dos tercios. No va a ocurrir”, afirmó.
