El Gobierno nacional habilitó el ingreso de privados sobre activos estratégicos de la CNEA y reavivó el debate por la soberanía energética, tecnológica y minera. Chubut concentra una de las mayores reservas de uranio del país, mientras Argentina sigue importando combustible nuclear.
El avance del plan privatizador impulsado por el presidente Javier Milei llegó ahora a uno de los sectores más sensibles de la estructura estratégica argentina: la energía nuclear.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) habilitó este mes un mecanismo formal para recibir iniciativas privadas sobre activos materiales e inmateriales del organismo, una decisión que encendió alarmas dentro del sector científico, técnico y sindical por el posible traspaso de capacidades construidas durante décadas con inversión estatal.
El procedimiento, denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, abre la puerta al ingreso de capitales privados sobre infraestructura, desarrollos tecnológicos y proyectos considerados estratégicos para la soberanía energética nacional.
Uno de los casos que más preocupación genera es el reactor multipropósito RA-10, considerado el proyecto nuclear más importante de la Argentina en la actualidad. El reactor permitirá ampliar la producción de radioisótopos para uso médico, científico e industrial y consolidar al país como proveedor regional en un área de altísimo valor geopolítico.
Para Nicolás Malinovsky, ingeniero especializado en gestión energética y trabajador del sector nuclear, el nuevo esquema “habilita la venta de los activos más importantes que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica”.
“Entre ellos, el RA-10, que es un reactor multipropósito de producción de radioisótopos más grande de Latinoamérica”, advirtió el especialista.
El debate no se limita únicamente a la infraestructura nuclear. También vuelve a poner bajo la lupa el control de los recursos minerales estratégicos, especialmente el uranio.
En ese escenario aparece nuevamente Chubut.
En la estepa central de la provincia se encuentra Cerro Solo, la mayor reserva cuantificada de uranio de la Argentina, con unas 4.420 toneladas de mineral de alta calidad. El dato adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que el país actualmente importa alrededor de 220 toneladas anuales para abastecer a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Las estimaciones geológicas indican que el subsuelo argentino posee reservas suficientes para garantizar más de 150 años de autoabastecimiento nuclear continuo.
Sin embargo, Cerro Solo permanece sin explotación debido a la legislación vigente en Chubut, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos extractivos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza en paralelo con un esquema de apertura hacia empresas privadas para el desarrollo del sector nuclear y minero, en línea con la política de desregulación y retiro del Estado promovida por Milei desde su llegada a la Casa Rosada.
Dentro del sector energético y científico crece la preocupación no solo por la eventual privatización de activos estratégicos, sino también por el deterioro salarial y la fuga de profesionales altamente calificados.
“Son trabajadores altamente capacitados que, con salarios de miseria y hambre dentro del ecosistema nuclear, están buscando nuevos horizontes”, sostuvo Malinovsky.
El plan nuclear nacional contempla actualmente 21 proyectos activos y busca duplicar la capacidad instalada del país, incluyendo el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) de diseño argentino y una mayor producción de combustible nuclear.
Pero el escenario abre una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar la privatización sin comprometer capacidades estratégicas que históricamente posicionaron a la Argentina entre los países con mayor desarrollo nuclear de América Latina.
Con reservas de uranio suficientes para más de un siglo, tecnología propia y recursos humanos altamente especializados, el debate ya no gira únicamente en torno a la energía.
También pone en discusión el control de recursos críticos, la soberanía tecnológica y el rol del Estado en uno de los sectores más sensibles para el futuro energético argentino.
Fuente: Más Energía / Redacción TE.
