La Cámara de Diputados de Santa Cruz suspendió este jueves 8 de octubre su sesión ordinaria en medio de una jornada marcada por los reclamos de trabajadores petroleros, que se manifestaron frente al edificio legislativo para exigir la recuperación de los puestos de trabajo y una mayor actividad hidrocarburífera en la provincia.
La decisión se tomó luego de un cuarto intermedio, cuando las autoridades de la Legislatura informaron que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para continuar con el debate. Como consecuencia, quedaron sin tratamiento iniciativas vinculadas con la emergencia hidrocarburífera y un pedido de informes a Pan American Energy (PAE), entre otros expedientes.
La sesión estuvo presidida por el diputado Javier Jara, en reemplazo del vicegobernador Fabián Leguizamón. Antes de la interrupción, el secretario gremial del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Carlos Monsalvo, había sido invitado a ingresar al recinto para exponer la situación que atraviesan los trabajadores de la industria.
El gremio, conducido por Rafael Güenchenen, viene reclamando medidas concretas para recuperar el empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge, luego de un prolongado período de retracción de las inversiones y de la actividad de perforación.
Desde el sindicato sostienen que los anuncios de nuevos proyectos deben traducirse en oportunidades laborales para los trabajadores santacruceños, especialmente para aquellos que perdieron sus empleos durante los últimos años.
La emergencia hidrocarburífera, uno de los debates pendientes
Entre los principales temas que quedaron fuera del tratamiento legislativo se encuentra la continuidad de la emergencia hidrocarburífera, una herramienta que busca generar condiciones para sostener la producción en los yacimientos maduros y preservar las fuentes laborales.
La provincia había sancionado en 2025 la Ley 3914, que estableció beneficios fiscales, reducciones de regalías sujetas a compromisos de inversión y mecanismos de seguimiento para acompañar la recuperación del sector.
Posteriormente, el Gobierno provincial dispuso una prórroga de la emergencia desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre de 2026, mediante un decreto sujeto a la aprobación legislativa.
La falta de tratamiento de esta iniciativa vuelve a poner en discusión las herramientas disponibles para impulsar inversiones y garantizar la continuidad operativa de las áreas petroleras tradicionales.
Otro expediente que quedó pendiente fue el pedido de informes dirigido a Pan American Energy, relacionado con los compromisos de inversión y las negociaciones que mantiene la compañía con el Gobierno santacruceño.
En paralelo, la administración de Claudio Vidal avanza en conversaciones con PAE para desarrollar un proyecto de explotación no convencional sobre la formación D-129. Según informó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, las negociaciones alcanzaron un 60% de avance, aunque todavía restan resolver cuestiones técnicas y legales.
La expectativa oficial es que este desarrollo permita ampliar las posibilidades productivas de Santa Cruz y generar nuevas oportunidades de empleo.
A su vez, Crown Point Energía anunció recientemente una inversión superior a los 7,2 millones de dólares para perforar tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada, con prioridad de incorporación para trabajadores que quedaron desvinculados de la actividad.
Cuestionamientos políticos por la suspensión
La decisión de levantar la sesión también generó cuestionamientos dentro de la propia Legislatura.
El presidente del bloque oficialista Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, junto con las diputadas Adriana Nieto López y Fabiola Loreiro, presentaron un pedido formal de explicaciones dirigido a Javier Jara.
Los legisladores solicitaron conocer los motivos que llevaron a suspender definitivamente la actividad parlamentaria y otorgaron un plazo de 24 horas para recibir una respuesta documentada.
Además, cuestionaron que la decisión se habría adoptado sin evaluar previamente otras alternativas contempladas en el reglamento legislativo para garantizar el orden y permitir la continuidad del debate.
Entre los puntos planteados también se encuentra un presunto episodio de violencia contra una trabajadora legislativa, sobre el cual solicitaron precisiones respecto de las medidas de protección y eventuales actuaciones judiciales.
Hasta el momento, no se atribuyó oficialmente al sindicato la responsabilidad por los incidentes que motivaron la suspensión.
La próxima sesión ordinaria está prevista para el jueves 22 de octubre, cuando podrían retomarse los proyectos relacionados con la emergencia hidrocarburífera y los compromisos de inversión de las operadoras.
Mientras tanto, el conflicto vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos de la industria petrolera santacruceña: lograr que la recuperación de las inversiones y la reactivación de los yacimientos se traduzcan en mayor producción, estabilidad laboral y nuevas oportunidades para los trabajadores de la región.
Fuente: La Tecla Patagonia / Redacción TE.
