Uruguay consolidó una de las matrices eléctricas con mayor participación de fuentes renovables de América Latina, pero ahora enfrenta un nuevo desafío: transformar esa disponibilidad de energía limpia en una ventaja competitiva capaz de atraer inversiones en centros de datos, inteligencia artificial, combustibles verdes y nuevas industrias.
La transformación comenzó a consolidarse a partir del acuerdo multipartidario alcanzado en 2010, que permitió incorporar durante los años siguientes una importante capacidad de generación renovable. Ese proceso redujo la dependencia de los combustibles fósiles y posicionó al país favorablemente frente a una demanda mundial cada vez mayor de electricidad de origen limpio.
Sin embargo, la discusión energética uruguaya comienza a desplazarse desde la generación hacia el costo final que deben afrontar los grandes consumidores. El problema no pasa únicamente por cuánto cuesta producir un megavatio hora (MWh), sino por el valor que termina pagando una empresa una vez incorporados los peajes de transmisión y distribución, las obras necesarias para conectarse a la red y los costos asociados al respaldo y la continuidad del suministro.
Esta situación cobra especial relevancia ante el crecimiento de sectores altamente demandantes de electricidad. Los centros de datos, la inteligencia artificial, los servicios en la nube y los proyectos destinados a producir combustibles verdes necesitan grandes volúmenes de energía de manera constante y contratos de largo plazo que permitan anticipar sus costos.
Uno de los casos que refleja el desafío es el proyecto de HIF para desarrollar una planta de combustibles verdes en Paysandú. Las negociaciones incluyen las condiciones bajo las cuales UTE suministraría la electricidad y la definición de quién asumirá determinados costos relacionados con el respaldo energético y la infraestructura necesaria para conectar el emprendimiento.
Según información difundida por El Observador, durante las conversaciones se manejó como referencia un precio base de US$ 45 por MWh con el peaje incluido, aunque todavía existen aspectos de la ecuación económica que deben resolverse.
El caso expone que el precio nominal de la electricidad representa solamente una parte de la competitividad energética. Si una empresa debe financiar nuevas líneas de alta tensión, afrontar peajes elevados o sumar costos para garantizar el suministro en momentos de menor disponibilidad de generación, el valor efectivo puede alejarse considerablemente del inicialmente previsto.
El desafío de los grandes consumidores
La misma discusión alcanza a los centros de datos. La expansión de la inteligencia artificial está impulsando a nivel mundial una fuerte demanda de infraestructura informática, que requiere grandes cantidades de electricidad durante las 24 horas.
Uruguay podría aprovechar su matriz renovable para captar parte de esas inversiones, aunque para hacerlo necesita ofrecer no solamente energía limpia, sino también suministro confiable, infraestructura suficiente y precios competitivos frente a otros mercados de la región.
Uno de los puntos en debate es el funcionamiento del mercado eléctrico. Aunque desde hace más de dos décadas existe un marco regulatorio que contempla contratos mayoristas entre generadores privados y consumidores, este mecanismo mantiene un desarrollo limitado.
En la práctica, UTE conserva una posición predominante y numerosos generadores privados venden su producción a la empresa estatal mediante contratos de largo plazo, reduciendo las posibilidades de que nuevos grandes consumidores negocien directamente su abastecimiento con productores privados.
El presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), Alejandro Stipanicic, plantea la necesidad de abrir mayor espacio a la competencia en generación. Bajo ese esquema, los privados podrían abastecer directamente a grandes consumidores, mientras UTE mantendría un papel central en el desarrollo y operación de la infraestructura de transmisión.
Según datos presentados en el último congreso de Auder, el costo de abastecimiento de la demanda se ubicó en torno a los US$ 40 por MWh en promedio durante los últimos años. Para Stipanicic, este valor demuestra que los pedidos de grandes proyectos para acceder a energía a precios competitivos no necesariamente se encuentran alejados de los costos actuales del sistema.
Peajes y previsibilidad
Otra cuestión central son los peajes que deben afrontar los usuarios de las redes eléctricas. Un estudio elaborado por Exante a fines de 2024, a pedido de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augppe), señaló que las tarifas de transmisión y distribución se apoyan en remuneraciones regulatorias que, en algunos casos, pueden superar los costos efectivos de UTE.
El trabajo indicó además que utilizar las redes puede llegar a resultar más costoso que adquirir directamente la electricidad a través de la empresa estatal, una situación que los generadores privados consideran un obstáculo para el desarrollo de un mercado mayorista más competitivo.
Para el presidente de Augppe, Martín Bocage, uno de los principales problemas para los inversores es la falta de previsibilidad sobre el costo energético total. Cada proyecto puede necesitar negociaciones particulares para determinar sus condiciones de conexión y utilización de la red, dificultando conocer anticipadamente cuánto demandará la infraestructura o cuánto tiempo requerirá una ampliación.
Esta previsibilidad resulta determinante para inversiones que se proyectan a varias décadas. Una planta industrial o un centro de datos necesita conocer no solamente el precio actual de la electricidad, sino también las condiciones que tendrá durante buena parte de la vida útil del emprendimiento.
Uruguay compite en este terreno con países como Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica, que también buscan captar capital destinado a tecnología, energía limpia y nuevas industrias. Una elevada participación renovable representa una ventaja, pero puede resultar insuficiente si el costo final o la incertidumbre regulatoria son mayores.
Una segunda etapa para la transición energética
El debate también involucra el papel que tendrá UTE en esta nueva etapa. La empresa estatal debe garantizar la seguridad y continuidad del suministro, desarrollar infraestructura y sostener la confiabilidad del sistema. Al mismo tiempo, el Estado busca captar inversiones, generar empleo y ampliar la actividad económica.
Por ese motivo, los especialistas plantean que la discusión no necesariamente pasa por elegir entre un sistema estatal o privado, sino por determinar cómo introducir mayor competencia en generación sin comprometer la seguridad del abastecimiento.
La ampliación de las redes de transmisión aparece como otro elemento fundamental. El crecimiento de nuevos proyectos renovables y la llegada de grandes consumidores requerirán inversiones para transportar mayores volúmenes de electricidad y conectar emprendimientos industriales y tecnológicos.
Los combustibles verdes representan una de las principales oportunidades. Proyectos como el previsto por HIF podrían utilizar electricidad renovable para producir bienes exportables de mayor valor agregado, aunque su viabilidad dependerá de las condiciones de suministro, las obras de conexión y los costos necesarios para garantizar energía continua.
Una situación similar se presenta con los centros de datos y la inteligencia artificial. El crecimiento del procesamiento masivo de información está provocando una carrera internacional por conseguir grandes volúmenes de electricidad, y Uruguay dispone de una matriz que puede posicionarlo favorablemente en ese mercado.
El país enfrenta así una segunda etapa de su transformación energética. Después de avanzar en la incorporación masiva de fuentes renovables, el desafío pasa ahora por convertir esa capacidad en una herramienta para impulsar inversión, industria, empleo y exportaciones.
Para conseguirlo, el debate apunta a desarrollar infraestructura de transmisión, revisar el esquema de peajes, generar mayor competencia y establecer contratos y reglas que permitan anticipar los costos de largo plazo.
Uruguay ya consiguió construir una matriz eléctrica predominantemente renovable. El próximo paso será lograr que esa energía también sea competitiva y previsible para que la ventaja ambiental pueda convertirse en una ventaja económica frente a la nueva demanda global impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos y los combustibles verdes.
Fuente: Prensa Mercosur / Redacción TE.
