El conflicto judicial por la expropiación de YPF ingresa en una etapa decisiva. Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá resolver si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte de la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska.
En 2023, Preska falló contra el Estado argentino y lo condenó a pagar US$ 16.000 millones —monto que, con intereses, supera los US$ 18.000 millones— por la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia fue apelada, y la audiencia para revisar el caso está prevista recién para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.
El tribunal neoyorquino tiene tres opciones sobre la mesa, mantener la orden de Preska y exigir la entrega inmediata de las acciones, conceder una suspensión de la medida, pero con garantías alternativas o aceptar la posición Argentina y frenar la ejecución hasta que se resuelva la apelación.
Si se opta por alguna de las dos primeras vías, el Gobierno podría intentar llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esa instancia rara vez interviene en disputas de este tipo.
El principal beneficiario de la sentencia es BurfordCapital, fondo que compró los derechos del litigio y que, en los últimos meses, intensificó la presión sobre Argentina. Entre sus movimientos recientes figura la contratación del exbanquero de Wall Street Gerardo “Gerry” Mato para acercar posiciones con el Gobierno, además de pedidos de acceso a correos y documentos de exfuncionarios.
Según fuentes cercanas al caso, el fondo podría aceptar un acuerdo que incluya activos líquidos o bonos a largo plazo, siempre que exista un reconocimiento formal de la deuda. En paralelo, en la Procuración del Tesoro sostienen la estrategia de litigar hasta la última instancia.
Encuestas recientes indican que el 65% de los argentinos apoya una negociación que reduzca el monto a pagar, mientras que un 25% cree que el fallo debe ser ignorado. La preferencia mayoritaria para un eventual pago es la emisión de bonos soberanos (37%), seguida por la entrega de acciones de YPF (16%).
Del total a cobrar, un 70% iría a Burford y el resto al fideicomiso de bancarrota del Grupo Petersen, que distribuiría fondos entre sus acreedores.
El fallo del martes podría definir no solo el rumbo del litigio, sino también el futuro del control estatal sobre YPF. Como advirtió el analista Sebastián Maril: “Podría ser el día más importante que enfrente Argentina en varios años”.
Fuente: Perfil/Redacción TE.
