La diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) presentó ante la Justicia Federal el primer recurso de amparo destinado a suspender el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
La legisladora solicita la inmediata paralización de cualquier acto administrativo vinculado a la venta parcial de la compañía, autorizada por el Decreto 695/2025. En su presentación, argumenta que el Ejecutivo avanzó sin facultades válidas, debido a que “las delegaciones legislativas que permitían dictar ese tipo de medidas ya habían expirado”. Por ese motivo pide que se declare la inconstitucionalidad tanto del decreto como de la resolución del Ministerio de Economía que también habilita el proceso.
Además, Estévez advierte que la privatización podría comprometer la seguridad energética y radiológica del país, al reducir la capacidad estatal de supervisar instalaciones estratégicas. También señala que el Gobierno no convocó a Audiencia Pública, un mecanismo obligatorio cuando se trata de la enajenación o modificación del control de empresas que prestan servicios esenciales.
El amparo sostiene que la medida podría afectar a más de 2,5 millones de hogares, dado que la eventual transferencia accionaria introduce incertidumbre sobre la continuidad y el costo del suministro eléctrico asociado al parque nuclear.
La iniciativa judicial se suma a distintas acciones políticas para revertir el proceso. En el Senado, el bloque opositor impulsa proyectos para prohibir la venta del 44% de NA-SA, mientras que en Diputados se busca declarar a las centrales nucleares como “bienes estratégicos”, lo que impediría su privatización.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá resolver si concede la cautelar solicitada y si el Gobierno puede avanzar o no con el esquema de desinversión previsto para el sector nuclear.
Fuente: post energético/ Redacción TE.
