El Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto 383/2025, que modifica los alcances operativos de las fuerzas federales y habilita a la Policía Federal Argentina a realizar tareas de vigilancia digital en espacios públicos de internet, como redes sociales o sitios web, sin necesidad de orden judicial previa.
La norma también autoriza a las fuerzas a detener personas hasta por 10 horas en espacios públicos cuando existan “sospechas fundadas”, incluso sin que medie una orden formal del sistema judicial. El texto fue publicado en el Boletín Oficial esta semana y ya generó diversas reacciones en el ámbito académico y de derechos humanos.
Organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y el INECIP manifestaron preocupación por los alcances del decreto, al considerar que podría habilitar formas de control estatal sobre la libertad de expresión, el anonimato en redes y la privacidad de los ciudadanos.
También se señalaron posibles efectos negativos sobre el trabajo de activistas, periodistas y usuarios en general, en un contexto donde las tecnologías digitales cumplen un rol central en la circulación de información y en la vida democrática.
