El Gobierno de Javier Milei impulsa una profunda transformación del marco regulatorio de la inteligencia artificial (IA) en Argentina con el objetivo de convertir al país en un polo de inversiones tecnológicas. Sin embargo, la iniciativa ya enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de especialistas, académicos y organizaciones vinculadas a los derechos digitales, que advierten sobre los riesgos de avanzar hacia un modelo con escasos controles estatales.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone modificar la Ley General de Sociedades para crear una nueva figura jurídica: las denominadas “sociedades automatizadas”. Se trata de empresas capaces de operar mediante sistemas de inteligencia artificial o algoritmos autónomos, sin necesidad de contar con trabajadores humanos para desarrollar su actividad habitual.
Para el Gobierno, esta desregulación representa una oportunidad para atraer inversiones y posicionar a la Argentina como un destino competitivo frente a otras economías donde existen mayores exigencias regulatorias. Sin embargo, los críticos sostienen que la propuesta prioriza los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas por encima de la protección del empleo, la transparencia y los derechos de los ciudadanos.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el régimen de responsabilidad previsto en el proyecto. Aunque establece que las empresas responderán patrimonialmente por los daños ocasionados por sus sistemas de inteligencia artificial, especialistas advierten que el esquema diluye la responsabilidad de las personas físicas que toman las decisiones detrás de esos desarrollos, generando zonas grises frente a eventuales perjuicios.
La abogada especializada en derechos digitales Flávia Lefèvre sostiene que la iniciativa modifica principios históricos del derecho societario y debilita los mecanismos tradicionales de responsabilidad empresarial. A su entender, el proyecto representa un cambio profundo que favorece la expansión de modelos corporativos automatizados con menores obligaciones jurídicas.
Las advertencias también llegaron desde el historiador Yuval Noah Harari, quien planteó que otorgar personalidad jurídica a entidades administradas por inteligencia artificial podría abrir un escenario sin precedentes, donde corporaciones gobernadas por algoritmos acumulen cada vez más poder económico y político.
Las críticas no se limitan al contenido del proyecto de ley. Durante los últimos meses, el Gobierno también anunció medidas como el denominado “Super RIGI”, que concede beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante tres décadas para grandes inversiones. Diversos analistas sostienen que este esquema profundiza un modelo que ofrece amplias ventajas a grandes grupos económicos sin garantizar compromisos concretos en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo industrial.
En ese contexto también fue presentado “Stargate Argentina”, un megaproyecto para construir un centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares junto a OpenAI y la empresa Sur Energy.
Otra iniciativa que generó preocupación es el programa “Gemelo Digital Social”, una plataforma destinada a integrar grandes volúmenes de datos sobre salud, movilidad y otros indicadores sociales. Organizaciones especializadas alertan que la concentración de información personal sin un marco regulatorio sólido podría afectar la privacidad y ampliar las capacidades de vigilancia del Estado.
A ello se suma el acercamiento del Gobierno a Palantir, la empresa estadounidense fundada por Peter Thiel, cuyos sistemas de análisis masivo de datos son utilizados por organismos de seguridad e inteligencia. La compañía ha sido cuestionada internacionalmente por el uso de sus plataformas para tareas de vigilancia y procesamiento de información sensible.
Para Ariel Goldstein, investigador del Conicet especializado en geopolítica tecnológica, la estrategia de Milei responde a un fuerte alineamiento con Estados Unidos en la disputa global por el liderazgo de la inteligencia artificial frente a China. Según el especialista, el Gobierno busca convertir a la Argentina en una plataforma para las grandes tecnológicas internacionales, aprovechando recursos estratégicos como el litio, la energía y un esquema regulatorio mucho más flexible que el de otras economías.
Goldstein también cuestiona que el modelo propuesto otorgue importantes beneficios económicos a grandes corporaciones sin exigir contraprestaciones claras para el desarrollo científico nacional, la generación de empleo de calidad o el fortalecimiento de la industria tecnológica argentina.
Mientras el oficialismo sostiene que la eliminación de regulaciones permitirá acelerar la innovación y atraer inversiones multimillonarias, especialistas en derecho, economía y tecnología advierten que una apertura sin controles adecuados podría concentrar aún más el poder en manos de un reducido grupo de gigantes tecnológicos, debilitar la capacidad regulatoria del Estado y aumentar los riesgos para la privacidad, los derechos laborales y la soberanía tecnológica.
Con este proyecto, el Gobierno apuesta a convertir a la Argentina en un laboratorio de desregulación para la inteligencia artificial. Sus defensores lo presentan como una oportunidad histórica para captar inversiones; sus detractores advierten que el costo podría ser una menor capacidad del Estado para proteger el interés público frente al creciente poder de las grandes empresas tecnológicas.
Este enfoque es bastante más crítico, pero sigue manteniendo un respaldo periodístico al atribuir las críticas a especialistas y evitar afirmaciones no sustentadas como si fueran hechos.
Fuente: Resumen Latinoamericano / Redacción TE.
