El gobierno nacional oficializó este viernes 25 de julio el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), una de las principales empresas energéticas del país. Mediante la Resolución 1050/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del paquete accionario que ENARSA posee en CITELEC S.A., la firma controlante de Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión de Argentina.
La medida se inscribe dentro del marco legal establecido por la Ley de Bases, que declaró a ENARSA como empresa sujeta a privatización. En esta primera etapa, el Gobierno busca desprenderse de las acciones que ENARSA posee en CITELEC, iniciando un concurso público nacional e internacional que permita transferir ese capital accionario al sector privado. A través de CITELEC, el Estado controla el 26,32% de Transener, que opera más del 85% de las líneas de alta tensión del país, con una red de más de 14.000 kilómetros.
La venta forma parte del plan oficial de desinversión de 15 unidades de negocio de ENARSA y constituye un paso estratégico dentro de la agenda de reformas estructurales del presidente Javier Milei. Se estima que el Gobierno podría recaudar cerca de 200 millones de dólares por esta operación, aunque los montos dependerán del proceso de valuación y la puja en la licitación.
La resolución establece que el proceso será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con un plazo máximo de ocho meses para su ejecución. La Subsecretaría de Energía Eléctrica tendrá a su cargo la elaboración de la documentación técnica y contractual del proceso, y la tasación será realizada por una entidad bancaria pública, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se excusó de participar al considerar que el valor de CITELEC depende de ingresos futuros y no de activos tangibles.
Otro punto destacado es que el proceso no contempla beneficios ni participación para los trabajadores. Según lo indicado en la resolución, no se aplicará el régimen de propiedad participada ni se otorgarán preferencias a empleados para la adquisición de acciones, tal como permitía la Ley 23.696. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y entra en vigor desde este viernes.
La decisión representa un hito dentro del programa de ajuste y reconfiguración del rol del Estado que impulsa el oficialismo, y pone en juego el destino de una empresa clave en la infraestructura energética del país.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Resolución 1050/2025/REDACCIÓN TE
