El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la participación de la petrolera británica Harbour Energy en un proyecto gasífero que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), debido a los antecedentes de la compañía vinculados con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Según denunció el legislador, Harbour Energy posee una participación del 15% en Southern Energy, iniciativa que fue aprobada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 559/2025 y que contempla el desarrollo de actividades relacionadas con la producción y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
Ferraro advirtió que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
El señalamiento cobra relevancia debido a que Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por sus actividades de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, en áreas próximas a las Islas Malvinas.
La sanción fue aplicada en el marco de la Ley 26.659, normativa que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y contempla sanciones para las compañías que desarrollen actividades sin autorización.
De acuerdo con lo planteado por Ferraro, la inhabilitación vinculada a esos antecedentes se extiende hasta 2028, situación que motivó su cuestionamiento sobre la incorporación de Harbour Energy a un proyecto alcanzado por los beneficios del RIGI.
Participación en Southern Energy
Harbour Energy cuenta con el 15% de participación en Southern Energy, proyecto orientado al desarrollo y exportación de gas desde Río Negro y que consiguió su adhesión al régimen creado para promover grandes inversiones en el país.
El RIGI contempla una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinados a proyectos de gran escala en sectores estratégicos de la economía, entre ellos el energético.
En ese contexto, Ferraro puso el foco en la situación jurídica de la petrolera y sus antecedentes relacionados con la exploración de hidrocarburos en el área de Malvinas.
El planteo del diputado se conoció además luego de que el Gobierno nacional anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La situación vuelve a poner en discusión los controles y requisitos aplicados a las compañías que participan de proyectos energéticos beneficiados por el RIGI, especialmente cuando existen antecedentes relacionados con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en zonas cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Fuente: Diario Jornada / Redacción TE.
