OpenAI lanzó el viernes ChatGPT Wallet, una función que permite a sus agentes de inteligencia artificial pagar compras en nombre del usuario con tarjetas Visa, Mastercard y American Express. Por ahora está disponible solo en Estados Unidos, para suscriptores Pro mayores de 18 años con tarjetas emitidas en ese país, según Cointelegraph y Decrypt.
El usuario guarda una tarjeta, revisa el pedido y aprueba cada pago con un control biométrico, como la huella o el reconocimiento facial. La red de la tarjeta genera entonces un token que reemplaza los datos reales, de modo que ni el agente ni el comercio los ven. El agente presenta ese token en el formulario de pago habitual del comercio.
No se trata de dinero nuevo ni de criptoactivos: la billetera no guarda saldo y el pago corre por los rieles tradicionales de las tarjetas. Lo que cambia es quién inicia la operación.
Hoy cada compra requiere aprobación. OpenAI prevé permitir más adelante compras sin confirmación dentro de topes de gasto o categorías fijadas de antemano, sin fecha anunciada. Ahí aparecen las preguntas jurídicas más delicadas.
El profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid Alfredo Muñoz García las ordenó en cuatro, en un análisis que publicó en LinkedIn. La primera es de consentimiento: con la confirmación biométrica, el pago figura como autorizado; pero si el usuario fijó límites y el agente actúa sin confirmar o se excede, queda abierto si la operación está autorizada o no para las normas de servicios de pago.
La segunda es qué lugar ocupa OpenAI. Habría que analizar si una interfaz que inicia pagos por cuenta del usuario encaja en alguna figura sujeta a autorización, y cómo se reparte la responsabilidad entre el usuario, el emisor, la red, el comercio y el desarrollador del agente. Según el académico, la empresa sostiene que el servicio no la convierte en banco, emisor, red de pagos ni comerciante.
La tercera es de prueba: el token oculta los datos de la tarjeta, pero no acredita ante el comercio qué estaba autorizado a hacer el agente. Tampoco está claro si los comercios pueden bloquear estas compras.
La cuarta es cómo se sostienen las protecciones de los consumidores y de los datos personales cuando quien compra es un agente: la información previa al contrato, el derecho a arrepentirse de la compra y el tratamiento de los datos.
Parte de esas dudas tiene respuesta provisoria en los términos de OpenAI que cita Decrypt: los comercios siguen siendo responsables de las entregas y devoluciones, y los usuarios deben reclamar los cargos ante el emisor de su tarjeta. La empresa afirma que se conservan las protecciones de disputa de cada tarjeta, y advierte que los sitios pueden bloquear a los agentes o marcar como fraude operaciones legítimas.
En la Argentina el servicio todavía no está disponible, pero las mismas preguntas valdrían aquí: las normas sobre pagos, tarjetas y defensa del consumidor fueron pensadas para compras hechas por personas, no por agentes automáticos.
La carrera es más amplia: Google, Coinbase y Circle lanzaron herramientas para pagos hechos por agentes, varias con monedas estables. Juniper Research proyecta que el comercio agéntico pasaría de unos US$ 8.000 millones en 2026 a US$ 1,5 billones en 2030; es una estimación de una consultora.
Los datos del lanzamiento provienen de medios que reproducen el anuncio de OpenAI; el anuncio y los términos originales no se consultaron.
Fuente: Cointelegraph, Decrypt, análisis de Alfredo Muñoz García (UCM) / Redacción TE
