Las principales compañías del país redujeron significativamente su aporte tributario durante los últimos años, mientras que los incentivos a las grandes inversiones y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas reabren el debate sobre la distribución de la carga impositiva, el desarrollo productivo y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Las 500 empresas más grandes de Argentina pagan actualmente un 28% menos de impuestos que en 2012, según un análisis elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, basado en información de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
De acuerdo con los datos difundidos por Tiempo Argentino, estas compañías abonaron aproximadamente 21.470 millones de dólares en impuestos durante 2024, último año relevado por el INDEC, frente a los 29.709 millones de dólares registrados en 2012.
La diferencia representa una reducción cercana a los 8.239 millones de dólares entre ambos períodos y refleja una transformación en el aporte tributario de los principales grupos económicos del país.
El relevamiento comprende empresas vinculadas con la minería, la industria manufacturera, los servicios públicos, la construcción, el comercio, el transporte y las comunicaciones.
Se trata de un conjunto de compañías que concentra una porción significativa de la actividad económica nacional, ya que representa el 23,9% del Valor Bruto de Producción y sostiene aproximadamente 813.000 puestos de trabajo.
Según el informe, parte de la reducción de la carga tributaria se relaciona con beneficios fiscales otorgados a determinados sectores y con estructuras empresariales internacionales que permiten distribuir operaciones y obligaciones impositivas entre diferentes jurisdicciones.
El RIGI y los incentivos a las grandes inversiones
Uno de los instrumentos que adquirió mayor protagonismo en la política económica argentina es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, implementado durante la gestión del presidente Javier Milei.
Este régimen está orientado a promover proyectos de gran escala, con inversiones que generalmente deben superar los 200 millones de dólares, en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico.
Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, mecanismos de amortización acelerada, exenciones vinculadas con el comercio exterior, facilidades para disponer de divisas y estabilidad normativa y tributaria durante 30 años.
El objetivo oficial es generar condiciones favorables para atraer capitales, incrementar las exportaciones y promover proyectos productivos de largo plazo.
Sin embargo, la implementación de estos incentivos también abrió interrogantes sobre su impacto fiscal y las diferencias que pueden producirse entre las grandes compañías beneficiadas y las empresas que deben desarrollar sus actividades bajo el régimen tributario general.
Un estudio realizado por la consultora EcoGo, encabezado por los economistas Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, analizó el costo fiscal de los proyectos aprobados dentro del RIGI.
Según ese relevamiento, los 23 proyectos considerados representan un gasto tributario estimado en 8.493 millones de dólares a valor presente.
En contrapartida, el estudio calcula ingresos fiscales por aproximadamente 17.499 millones de dólares asociados a esas inversiones.
Estas cifras permiten dimensionar tanto el costo de los incentivos como los recursos que podrían generarse mediante la actividad económica vinculada con los proyectos.
No obstante, uno de los interrogantes centrales es determinar qué proporción de esas inversiones se habría concretado aun sin los beneficios establecidos por el régimen.
También se plantea la necesidad de evaluar su impacto sobre los proveedores nacionales, la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura y las economías regionales.
Las pymes enfrentan un escenario diferente
Mientras las grandes inversiones cuentan con instrumentos específicos de promoción, las pequeñas y medianas empresas atraviesan dificultades relacionadas con la evolución del consumo interno, los costos operativos y la competencia de productos importados.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, citadas por Tiempo Argentino, desde el inicio de la gestión de Javier Milei desaparecieron 31.268 pequeñas y medianas empresas.
El dato refleja las dificultades que enfrenta una parte del entramado productivo nacional en un contexto de cambios en las políticas económicas y comerciales.
Las pymes cumplen un papel fundamental en la generación de empleo, el abastecimiento del mercado interno y el sostenimiento de las economías regionales.
Por este motivo, distintos especialistas advierten sobre la importancia de analizar las condiciones de competencia entre las empresas que reciben incentivos tributarios especiales y aquellas que deben afrontar la totalidad de sus obligaciones fiscales.
El desafío consiste en promover nuevas inversiones sin debilitar la capacidad productiva de las compañías que ya operan en el país.
La distribución de los impuestos en Argentina
El informe también pone el foco en las características del sistema tributario argentino y en la participación de los distintos sectores económicos en el financiamiento del Estado.
Un documento de la fundación Fundar señala que la estructura impositiva nacional presenta una importante dependencia de impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado y los Ingresos Brutos.
Estos tributos gravan principalmente el consumo y las transacciones económicas, mientras que los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio tienen una participación comparativamente menor.
Esta composición genera debates sobre la progresividad del sistema, debido a que los impuestos al consumo pueden representar una proporción mayor de los ingresos de los hogares con menor capacidad económica.
Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sostienen que la reducción de los aportes tributarios de las grandes empresas puede trasladar una mayor proporción del esfuerzo fiscal hacia los trabajadores y otros sectores con ingresos fijos.
En paralelo, las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre los Bienes Personales y otras medidas tributarias también forman parte de la discusión sobre la distribución de las obligaciones fiscales.
El debate adquiere especial relevancia frente a las necesidades de financiamiento de servicios públicos, infraestructura, educación, salud y programas de desarrollo económico.
Inversiones, competitividad y sostenibilidad fiscal
La reducción de la carga tributaria sobre las grandes compañías plantea un escenario complejo para la economía argentina.
Por un lado, los incentivos fiscales pueden mejorar las condiciones para desarrollar proyectos de infraestructura, energía, minería y nuevas tecnologías, actividades que requieren importantes desembolsos de capital y largos períodos de recuperación de las inversiones.
Por otro, estos beneficios representan recursos que el Estado deja de recaudar y que deben evaluarse en relación con sus resultados económicos y sociales.
En sectores como la energía y la minería, donde Argentina dispone de importantes recursos naturales y oportunidades de expansión productiva, los regímenes de promoción pueden desempeñar un papel relevante para atraer inversiones internacionales.
Sin embargo, su impacto dependerá también de la capacidad de integrar proveedores locales, incorporar tecnología, generar empleo calificado y fortalecer las cadenas de valor nacionales.
El análisis de las 500 empresas más grandes del país vuelve a colocar en discusión la necesidad de encontrar un equilibrio entre competitividad empresarial, promoción de inversiones y sostenibilidad de los ingresos públicos.
En un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, el desafío será determinar cómo distribuir los beneficios del crecimiento, fortalecer el entramado productivo y garantizar un sistema tributario capaz de acompañar el desarrollo nacional.
Fuente: Tiempo Argentino / Redacción TE.
