El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de privatizaciones y concesiones de activos estatales con la expectativa de obtener más de US$1.100 millones antes de fin de año. Entre los principales movimientos aparecen la venta de las participaciones públicas en dos grandes centrales termoeléctricas, el proceso de privatización de AySA y un nuevo intento para desprenderse de Intercargo.
La estrategia también contempla una nueva ronda de concesiones de activos energéticos, que incluye cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales ya vencieron y, posteriormente, los principales gasoductos actualmente operados por Energía Argentina (Enarsa).
Uno de los pasos más importantes será la venta de las participaciones que Enarsa mantiene en Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.
El Estado posee actualmente el 65,006% de la primera compañía y el 68,83% de la segunda. En el mercado estiman que cada participación podría alcanzar un valor cercano a los US$300 millones, aunque el precio definitivo surgirá de los respectivos procesos competitivos.
Las dos centrales funcionan mediante ciclos combinados y cuentan con una potencia neta de 865 MW cada una.
La Central Termoeléctrica Manuel Belgrano se encuentra en Campana, provincia de Buenos Aires, y durante 2024 generó 4.452 GWh de energía eléctrica, con un consumo de 766 millones de metros cúbicos de gas natural.
Por su parte, la Central Termoeléctrica José de San Martín está ubicada en Timbúes, Santa Fe. Durante el mismo año produjo 3.338 GWh y demandó unos 540 millones de metros cúbicos de gas.
En ambas compañías, Enarsa comparte el capital accionario con importantes generadoras privadas, entre ellas Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía, además de otros socios minoritarios.
La transferencia de estas participaciones representará un nuevo avance dentro del proceso de reducción de activos de Enarsa. El Gobierno ya concretó anteriormente la venta de su participación en Citelec, controlante de Transener, operación por la que obtuvo US$356 millones.
Además, fueron adjudicadas las nuevas concesiones de cuatro grandes represas hidroeléctricas del Comahue, que dejaron ingresos superiores a los US$700 millones.
Nuevas concesiones hidroeléctricas
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, también trabaja sobre una nueva ronda de concesiones hidroeléctricas.
En esta etapa aparecen Futaleufú, en Chubut; el sistema Diamante, en Mendoza; Río Hondo-Los Quiroga, entre Tucumán y Santiago del Estero; y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán.
Los contratos originales de estas centrales fueron otorgados durante la década de 1990 por un plazo de 30 años y ya finalizaron, por lo que actualmente funcionan bajo distintos esquemas transitorios mientras el Estado prepara las nuevas licitaciones.
En el caso de Futaleufú, la operación continúa a cargo de Hidroeléctrica Futaleufú, controlada por Aluar.
El complejo Diamante permanece bajo Hidroeléctrica Diamante (Hidisa), controlada por Pampa Energía, mientras que Río Hondo-Los Quiroga continúa operada por Hidroeléctrica Río Hondo.
Por su parte, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo se encuentran bajo responsabilidad de Hidroeléctrica Tucumán.
Los gasoductos de Enarsa también entran en agenda
Otro de los puntos centrales de la estrategia oficial será el futuro de los grandes gasoductos administrados por Enarsa.
La posibilidad que se analiza es otorgar nuevas concesiones por un plazo de 30 años para la operación de estas infraestructuras.
Dentro de ese grupo se encuentra el Gasoducto Perito Moreno, denominado originalmente Gasoducto Néstor Kirchner, además de la Reversión del Gasoducto Norte, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy.
En conjunto, estos cinco sistemas de transporte suman más de 3.100 kilómetros.
A diferencia de una privatización tradicional, para estos activos se evalúa desarrollar una compulsa nacional e internacional en la cual uno de los principales criterios de adjudicación sea la tarifa de transporte ofrecida por los interesados.
AySA podría aportar otros US$500 millones
La operación de mayor escala que ya se encuentra formalmente en marcha es la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
El Estado puso en venta el 90% de las acciones mediante una licitación sin precio base y, luego de una prórroga, la presentación de ofertas quedó fijada para el 15 de septiembre.
Ese mismo día está prevista la apertura de la primera etapa del proceso, en la que se conocerán formalmente los interesados.
El Gobierno espera obtener alrededor de US$500 millones por la operación.
El pliego establece además compromisos de inversión por US$1.940 millones durante los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Solo entre AySA y las participaciones estatales en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, las valuaciones que maneja el Ejecutivo alcanzan aproximadamente US$1.100 millones.
Intercargo tendrá un segundo intento
A esos ingresos podría sumarse una nueva privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios aeroportuarios que cuenta con más de 1.500 empleados.
El primer intento no tuvo éxito. El Gobierno abrió a fines de junio los sobres correspondientes a la licitación para vender el 100% de la compañía, pero no recibió propuestas.
Ese proceso había sido lanzado con un precio base de US$45 millones.
Ahora se prepara una nueva convocatoria con dos modificaciones centrales: no habrá precio mínimo y, antes de concretar la transferencia, el Tesoro retirará una parte importante de la liquidez acumulada por la empresa.
Según información oficial presentada ante el Congreso, Intercargo contaba con aproximadamente US$55 millones entre efectivo e inversiones líquidas. Una valuación realizada por Deloitte había estimado el valor de la compañía en torno a los US$30 millones.
Privatizaciones para reforzar el programa financiero
La aceleración de los procesos también está vinculada con las necesidades financieras previstas para los próximos años.
Según cálculos de Econviews, durante 2027 las necesidades financieras ascenderían a aproximadamente US$24.900 millones, de los cuales US$15.700 millones corresponderían a vencimientos de capital y otros US$9.200 millones a intereses.
Dentro del programa financiero que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, se proyectan distintas fuentes de recursos, entre ellas US$4.200 millones provenientes de organismos internacionales, unos US$5.000 millones mediante colocaciones en el mercado local y aproximadamente US$1.500 millones derivados de privatizaciones.
En ese escenario, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses con la venta de participaciones estatales y nuevas concesiones, con especial incidencia sobre activos del sector energético.
Fuente: Editorial RN / Redacción TE.
