El Gobierno nacional avanza con la creación del denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que promete atraer proyectos multimillonarios en minería, energía, inteligencia artificial y tecnologías de frontera. Sin embargo, economistas, centros de estudios y especialistas advierten que la iniciativa profundiza un esquema de privilegios para grandes corporaciones, con escasas exigencias de inversión productiva y un limitado impacto sobre el desarrollo nacional.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, amplía los beneficios del RIGI vigente y extiende por 30 años un conjunto de ventajas fiscales, cambiarias y aduaneras para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Uno de los aspectos más cuestionados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, muy por debajo de la carga tributaria que enfrentan empresas locales, pymes y trabajadores.
Además, las compañías adheridas no estarán obligadas a liquidar en Argentina las divisas obtenidas por sus exportaciones, podrán importar bienes sin pagar aranceles y quedarán exentas de retenciones desde el inicio de sus operaciones.
Para los críticos, el régimen consolida un escenario donde el Estado resigna recaudación y capacidad de regulación sin exigir contraprestaciones equivalentes en materia de empleo, transferencia tecnológica o integración con proveedores nacionales.
Desde el centro de estudios Fundar sostienen que el Súper RIGI reproduce las características de una “economía de enclave”: proyectos orientados casi exclusivamente a la exportación, con escasa vinculación con el entramado productivo argentino y bajo impacto sobre el desarrollo regional.
Según advierten, las empresas podrían aprovechar recursos estratégicos como minerales, energía, agua y tierras durante tres décadas sin generar un efecto multiplicador significativo sobre el resto de la economía.
También cuestionan que la estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera tenga una duración de 30 años, cuando los organismos internacionales suelen recomendar revisiones periódicas cada tres o cinco años para evaluar el cumplimiento de objetivos.
Otro de los cuestionamientos apunta al tipo de proyectos que busca atraer el nuevo régimen.
Aunque el Gobierno menciona sectores como hidrógeno verde, minería crítica y energías renovables, distintos analistas consideran que el principal destino serían los megacentros de datos destinados al desarrollo de inteligencia artificial.
Se trata de emprendimientos altamente automatizados que demandan enormes inversiones en infraestructura, pero generan muy pocos puestos de trabajo permanentes. La mayor parte del empleo se concentra durante la etapa de construcción y luego las operaciones requieren plantillas reducidas y monitoreo remoto.
Para especialistas de Misión Productiva, este perfil limita el impacto sobre el empleo y reduce los efectos multiplicadores que sí generan industrias manufactureras, la construcción o sectores intensivos en mano de obra.
Economistas advierten además que el esquema crea una fuerte asimetría entre los grandes inversores y el resto del sector productivo.
Mientras un reducido grupo de proyectos accede a estabilidad tributaria por tres décadas, beneficios cambiarios y reducción de impuestos, la mayor parte de las empresas argentinas continúa enfrentando elevados costos financieros, caída del consumo y dificultades para invertir.
Según Martín Alfie, referente de Misión Productiva, la política de incentivos queda concentrada en un número muy reducido de sectores, dejando sin herramientas al resto de la economía.
Las críticas también alcanzan al proyecto complementario sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno, que flexibiliza restricciones para la tenencia y el uso de tierras.
Diversas organizaciones sostienen que la combinación de ambas iniciativas facilitaría la instalación de grandes emprendimientos tecnológicos o extractivos sobre extensiones de entre 10.000 y 15.000 hectáreas, con potencial impacto sobre ecosistemas sensibles y recursos hídricos.
Los antecedentes internacionales alimentan esas preocupaciones. En ciudades como Querétaro, en México, la expansión de grandes centros de datos fue asociada al incremento del consumo de agua durante períodos de sequía. En Brasil y Chile, esas experiencias llevaron a incorporar exigencias ambientales, eficiencia hídrica y obligaciones de abastecimiento con energías renovables como condición para acceder a incentivos fiscales.
Uno de los principales cuestionamientos al Súper RIGI es la ausencia de obligaciones concretas para que las empresas desarrollen proveedores nacionales, transfieran tecnología o inviertan en investigación y desarrollo.
Especialistas sostienen que los beneficios fiscales podrían haberse condicionado al cumplimiento de metas verificables, como ocurre en otros países que utilizan incentivos para promover industrias estratégicas.
Sin esos requisitos, advierten, el régimen corre el riesgo de convertirse en un esquema de promoción basado exclusivamente en la reducción de impuestos y la liberalización cambiaria, sin garantizar que las inversiones se traduzcan en mayor desarrollo económico para la Argentina.
En ese contexto, el debate trasciende la necesidad de atraer capitales y se centra en el tipo de crecimiento que promueve el país: uno basado en la explotación de recursos naturales con escasas exigencias para los inversores, o un modelo que combine incentivos con compromisos concretos de generación de empleo, innovación y fortalecimiento del entramado productivo nacional.
Fuente: Tiempo Argentino/Redacción TE
