La propuesta de crear una figura legal para las denominadas “corporaciones no humanas” reavivó el debate sobre el futuro de la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en Argentina. Mientras algunos especialistas consideran que podría ser una herramienta para establecer responsabilidades legales sobre sistemas automatizados, otros advierten que reconocer personalidad jurídica a agentes de IA abriría un escenario inédito con implicancias económicas, políticas y éticas de gran alcance.
El anuncio sobre un proyecto que busca incorporar las llamadas “sociedades automatizadas” al marco jurídico argentino despertó un intenso intercambio entre juristas, tecnólogos y especialistas en innovación. La iniciativa plantea la posibilidad de que estructuras administradas mediante algoritmos puedan operar con personalidad jurídica, lo que les permitiría poseer activos, celebrar contratos, participar en actividades comerciales e, incluso, intervenir en el financiamiento político.
Sin embargo, el alcance real de la propuesta todavía genera interpretaciones diversas. El jurista Daniel Vítolo explicó que el proyecto enviado al Congreso mantiene la exigencia de que las sociedades cuenten con administradores que sean personas humanas o jurídicas, ya que la Inteligencia Artificial aún no es considerada un sujeto de derecho dentro del ordenamiento legal argentino.
Uno de los cuestionamientos más resonantes provino del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien advirtió que otorgar personería jurídica a sistemas de IA podría representar un cambio de paradigma con consecuencias difíciles de prever. Según el autor, una inteligencia artificial no enfrenta incentivos ni sanciones equivalentes a las de un ser humano, lo que podría generar dificultades para exigir responsabilidades frente a decisiones adoptadas de manera completamente automatizada.
Harari también planteó que, en un escenario donde agentes de IA administren organizaciones con amplia autonomía, podrían surgir estructuras económicas con una capacidad de influencia sin precedentes. En ese sentido, comparó la situación con el poder que llegó a concentrar la histórica Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, aunque trasladado al contexto tecnológico del siglo XXI.
El debate también incorpora desafíos técnicos. Diversos especialistas sostienen que los modelos de Inteligencia Artificial evolucionan de forma permanente, lo que dificulta encuadrarlos dentro de figuras jurídicas tradicionales diseñadas para organizaciones dirigidas por personas. Además, algunos estudios sobre IA avanzada señalan que estos sistemas pueden desarrollar estrategias complejas para alcanzar determinados objetivos, lo que obliga a pensar marcos regulatorios capaces de anticipar riesgos vinculados a la transparencia, la seguridad y la rendición de cuentas.
En el plano internacional tampoco existe un modelo único de regulación. La Unión Europea avanzó con uno de los marcos regulatorios más completos, aunque su desarrollo demandó años de negociación. China combina un fuerte impulso al desarrollo tecnológico con un estricto control estatal, mientras que Estados Unidos adoptó históricamente un enfoque más flexible, regulando a medida que aparecen nuevos desafíos, especialmente en áreas vinculadas a la seguridad y la defensa.
Paralelamente, también continúan las discusiones sobre la regulación de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras digitales que en la mayoría de los países aún carecen de un marco normativo específico.
En este contexto, Argentina se suma a un debate que recién comienza a consolidarse a nivel mundial: cómo adaptar los sistemas jurídicos a tecnologías capaces de tomar decisiones cada vez más complejas, sin frenar la innovación pero garantizando mecanismos de control, responsabilidad y protección para la sociedad.
Fuente: Uno Entre Rios / Redacción TE.
