El gobierno de Santa Cruz encendió una fuerte polémica en el sector minero tras elevar de 70% a 90% el cupo obligatorio de empleo local para proyectos productivos y duplicar de tres a seis años la residencia necesaria para ser considerado trabajador santacruceño. La modificación de la Ley 3141, impulsada por el gobernador Claudio Vidal y aprobada por unanimidad en la Legislatura en octubre, busca recuperar empleo en una provincia que perdió unos 10.000 puestos de trabajo en el último año. Pero las empresas advierten que la norma genera un “cambio jurídico riesgoso” y amenaza la continuidad de proyectos en operación, ampliación y exploración.
En diálogo con EconoJournal, referentes del sector remarcaron que la exigencia “es imposible de cumplir en el contexto actual” y que coloca a Santa Cruz en desventaja frente a otras jurisdicciones. Señalan que la industria requiere perfiles técnicos que demandan entre dos y tres años de formación y que no existe claridad sobre qué ocurre si una compañía no encuentra personal calificado en la provincia.
La ley original, vigente desde 2010, fijaba un 70% mínimo de empleo local para minería, hidrocarburos, pesca y obras de infraestructura. Con la nueva reforma, sólo un 10% podrá ser cubierto por trabajadores de otras provincias. El cambio también alcanzaría a las obras de las represas de Santa Cruz, paralizadas hace dos años, si se reactivaran.
Vidal —ex dirigente petrolero— publicó la reforma en el Boletín Oficial el 13 de octubre y todavía debe reglamentarla antes de mediados de diciembre. La presión por aumentar el empleo santacruceño está atravesada por la caída de la actividad petrolera y la paralización de la obra pública.
La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) afirmó que comparte la meta de fortalecer el empleo provincial, pero advirtió que el salto al 90% requiere planificación y gradualidad. Indicó que la minería ya alcanza ese porcentaje en tareas operativas, pero no en áreas como servicios especializados, ingeniería, geología o infraestructura, donde la oferta local es limitada.
La entidad sostuvo que aplicar el nuevo cupo “de manera inmediata y sin un esquema de transición” compromete la competitividad de los yacimientos, muchos de ellos maduros y necesitados de previsibilidad para sostener su vida útil.
Santa Cruz concentra el 37% de las exportaciones mineras metalíferas del país —US$ 1.569 millones entre enero y septiembre— y cuenta con cinco minas de oro y plata en producción, además de unos 25 proyectos en exploración.
La reforma incorpora un subrégimen para proyectos bajo el RIGI, que deberán emplear 60% de trabajadores con residencia provincial y 30% de la localidad donde se desarrolle la inversión. Además, obliga a las empresas a inscribirse en el nuevo Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), administrado por el Ministerio de Trabajo, donde deberán cargar de forma completa su nómina de personal.
En paralelo, el gobierno intensificó los controles en rutas y accesos a yacimientos: policías y funcionarios provinciales verifican a diario la documentación de los trabajadores transportados hacia los proyectos mineros, con el objetivo de detectar incumplimientos del cupo.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
