La gestión del gobernador Alberto Weretilneck vuelve a quedar en el centro de la polémica por una serie de decisiones vinculadas al uso de los recursos naturales en Río Negro, que distintos sectores señalan como un retroceso en materia de protección ambiental.
Desde su llegada al poder en 2012, tras el fallecimiento de Carlos Soria, la política provincial fue incorporando progresivamente iniciativas orientadas a promover actividades extractivas como la minería, la explotación hidrocarburífera, el desarrollo hidroeléctrico en zonas de montaña y la expansión de canteras, muchas de ellas en áreas sensibles.
Uno de los episodios más recientes involucra la autorización —cuestionada por su falta de transparencia— de permisos de cateo minero en el Cerro Carrera, una zona cercana a Bariloche caracterizada por la presencia de glaciares y nacientes de agua. La medida generó críticas por su posible incompatibilidad con la Ley de Glaciares Argentina 26639, normativa que establece restricciones para este tipo de actividades en ambientes periglaciares.
Tras la difusión del caso y su impacto público, el gobierno provincial intentó desactivar el conflicto asegurando que el proyecto no avanzaría, aunque la comunicación oficial fue parcial y tardía, lo que profundizó las dudas sobre el manejo del proceso.
Otro foco de controversia se encuentra en la entrega de permisos para la explotación de arenas silíceas, insumo asociado al desarrollo de Vaca Muerta. En este caso, se otorgaron cientos de concesiones a actores privados en un contexto que también despertó cuestionamientos por los vínculos empresariales involucrados y por la utilidad real del recurso, luego de que desde la industria petrolera se relativizara su calidad para el fracking.
En paralelo, también se cuestionó la habilitación de operaciones a la petrolera británica Harbour Energy —antes conocida como Premier Oil—, empresa que había sido sancionada por el Estado argentino por actividades offshore en áreas vinculadas a las Islas Malvinas. Su participación en proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías reavivó el debate sobre soberanía energética y protección de ecosistemas marinos.
Las críticas no se limitan al plano extractivo. En 2025, la Legislatura provincial aprobó una reforma que modificó el régimen de fauna silvestre, trasladando su gestión al área de Desarrollo Económico. Organizaciones ambientalistas advirtieron que la norma flexibiliza controles y abre la puerta a la comercialización de especies, incluso en contextos sensibles para la biodiversidad.
A este conjunto de medidas se suman proyectos hidroeléctricos en zonas de alta montaña y cuestionamientos por la gestión de áreas protegidas, especialmente tras los incendios que afectaron regiones como El Bolsón, donde vecinos y especialistas señalaron falencias en la prevención y respuesta estatal.
En este escenario, distintos sectores sociales, políticos y ambientales advierten sobre un cambio de rumbo en la provincia, donde la promoción de inversiones en recursos naturales parece avanzar en tensión con los marcos de protección ambiental vigentes.
Fuente: Alejandro Pairone para Tiempo Argentino/Redacción TE.
