[NOTICIA EN DESARROLLO]
30 de junio de 2025.- La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó este lunes que la República Argentina transfiera el 51 % de las acciones de YPF a los demandantes que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión representa un golpe institucional, económico y simbólico de enorme magnitud, y abre una etapa crítica en la disputa judicial internacional por una de las empresas estratégicas más importantes del país.
La orden dispone que el paquete accionario estatal —que fue nacionalizado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para recuperar el control energético del país— sea depositado en una cuenta de custodia del banco BNY Mellon en un plazo de 14 días y, acto seguido, transferido a los litigantes en un solo día hábil. El fallo busca ejecutar parte de la sentencia dictada en 2023, que condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por no haber lanzado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios al momento de la estatización.
Los beneficiarios de la sentencia son Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, fondos que fueron oportunamente financiados por Burford Capital, una firma especializada en litigios contra Estados soberanos. El negocio de Burford fue adquirir por centavos los derechos de litigio de antiguos accionistas de YPF, para luego demandar al Estado argentino en tribunales extranjeros con el objetivo de obtener una ganancia millonaria.
La situación genera una enorme incertidumbre institucional. No solo por el valor simbólico y estratégico de las acciones involucradas, sino por el precedente que podría sentarse a nivel internacional: la posibilidad de ejecutar sentencias económicas contra países soberanos embargando activos de empresas públicas clave. Además, YPF es una sociedad anónima con cotización internacional, y una modificación forzada de su estructura accionaria podría desencadenar consecuencias aún no mensuradas en su gobernanza, en sus proyectos de inversión y en los mercados financieros.
Desde el gobierno argentino, la medida fue rechazada y se anunció que se apelará la decisión. Paralelamente, se presentó un pedido ante la Alta Corte de Londres para que no se habilite la ejecución de la sentencia en el Reino Unido, otro territorio donde los fondos buscan embargar activos o tomar control accionario. En su argumentación, Argentina sostuvo que no existen activos ejecutables en esa jurisdicción y que imponer garantías por los intereses acumulados (que ya superan los 17.000 millones de dólares) implicaría una sanción desproporcionada e inaplicable.
La resolución también reactiva el debate político interno. La expropiación de YPF fue uno de los actos más representativos del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, defendido como un acto de soberanía energética frente al vaciamiento empresario que sufría la compañía bajo control de Repsol. Desde el kirchnerismo, se interpreta este fallo como una avanzada del poder financiero global contra la soberanía nacional, con complicidad de sectores políticos y judiciales que habilitaron una estrategia de endeudamiento jurídico sin precedentes.
En la vereda opuesta, sectores del oficialismo libertario no solo han evitado defender al Estado argentino en este proceso, sino que coquetean con la idea de avanzar en la privatización de YPF. La disputa judicial en Estados Unidos se convierte así en una pieza más del conflicto político interno: mientras algunos defienden la necesidad de preservar los recursos estratégicos del país bajo control estatal, otros ven en este fallo una excusa para deshacerse de lo que consideran un “lastre estatista”.
En este contexto, lo que está en juego no es solo el control accionario de una petrolera, sino el modelo de país. La forma en que se resuelva esta controversia impactará directamente sobre la política energética, la estrategia internacional de defensa legal del Estado y el futuro de una de las principales empresas de la Argentina. La noticia sigue en desarrollo, pero el reloj ya comenzó a correr. Argentina tiene apenas dos semanas para evitar una transferencia que, de concretarse, podría marcar un antes y un después.
