El reciente anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos volvió a poner en primer plano un tema que suele quedar oculto detrás de la jerga tecnocrática: el destino de los datos personales de millones de ciudadanos. Entre los puntos más sensibles figura la intención de habilitar la transferencia transfronteriza de datos, incluidos datos personales, una medida que especialistas y actores políticos advierten que podría redefinir —en silencio— las bases de la privacidad y la soberanía digital del país.
Hasta ahora, la información oficial es mínima. No se divulgó la letra chica y los organismos responsables de garantizar la protección de datos, como la AAIP, evitaron pronunciarse. Tampoco la Embajada de Estados Unidos ofreció explicaciones. Ese vacío alimenta la preocupación de expertos que ven en este “marco de entendimiento” una puerta trasera que permitiría que información sensible —biométrica, financiera, médica, comercial— termine bajo jurisdicciones estadounidenses sin garantías equivalentes a las vigentes en Argentina.
Durante 25 años, Argentina se regenció por el estándar europeo de privacidad (GDPR), el más riguroso del mundo. Esto permitió que el país fuera reconocido como “adecuado” por la Unión Europea, habilitando el flujo de datos sin barreras y garantizando derechos robustos para los usuarios. El nuevo entendimiento con Washington, sin embargo, podría romper ese equilibrio.
El texto difundido por la Casa Blanca indica que Argentina se compromete a reconocer a Estados Unidos como una “jurisdicción adecuada”, pese a que el país norteamericano carece de una ley federal de protección de datos y opera con un mosaico regulatorio disparejo, donde muchas jurisdicciones no ofrecen garantías mínimas. La consecuencia inmediata sería eliminar las salvaguardas hoy obligatorias para transferir datos a un territorio que no cumple estándares equivalentes.
Especialistas recuerdan, además, que Estados Unidos sostiene un aparato de vigilancia estatal amplio, con antecedentes de abuso documentados desde el caso Snowden. De ahí que, para muchos, la discusión no sea sólo técnica o comercial, sino profundamente política.
Críticas del senador Martín Doñate: “El gobierno está entregando el principal activo estratégico de la nueva era”
El senador peronista Martín Doñate fue uno de los primeros dirigentes en advertir que el acuerdo con Washington tiene un trasfondo mucho más profundo que un convenio comercial. Según su análisis, el gobierno de Javier Milei “acaba de comprometerse a ceder a EE.UU. el principal activo estratégico de la nueva era civilizatoria: nuestros datos”.
Doñate sostuvo que en el siglo XXI la disputa global “ya no pasa por territorios o recursos naturales, sino por los datos y las infraestructuras algorítmicas que moldean decisiones, economía y vida social”. Por eso, califica el posible reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada como un acto de “transferencia de soberanía”: ceder el control del insumo que alimenta a la inteligencia artificial, la economía digital, la seguridad, la salud y las decisiones políticas.
Para el senador, el problema es doble. Por un lado, Estados Unidos no cuenta con salvaguardas equivalentes a las del modelo europeo que Argentina siguió durante dos décadas. Por otro, la relación bilateral es marcadamente asimétrica: “Argentina está endeudada y sometida a un alineamiento inédito con la presidencia de Trump, con acuerdos y ‘protocolos’ de legalidad dudosa que profundizan la asimetría”.
Doñate también detalla por qué este acuerdo impacta directamente en la ciudadanía: los datos alimentan la IA y la IA moldea comportamientos. Quien controla los datos controla qué ve una sociedad, cómo consume, qué cree y hasta cómo vota. Se eliminan defensas ante sesgos, vigilancia y discriminación algorítmica. Sin controles robustos, aumentan los riesgos de abuso. Y porque afecta a empresas y sectores estratégicos completos. Información comercial, secretos productivos y datos industriales podrían quedar expuestos en jurisdicciones donde no existe responsabilidad exigible.
En este contexto, el senador remarcó la urgencia de avanzar en una nueva Ley de Protección de Datos, una ley de IA y un marco de neuroderechos. “Sin normas modernas, Argentina queda indefensa”, advirtió. Y concluyó: “Esto no es modernización. Es preparar la entrega del recurso estratégico central de esta nueva era”.
Fuente: Clarín/LaNación/Redacción TE.
