La decisión del Gobierno de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, tuvo como principal trasfondo el impacto que los aumentos de tarifas de gas y electricidad iban a tener en la medición de la inflación a lo largo de 2026.
El organismo estadístico había comenzado a aplicar desde enero una nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, en reemplazo de la canasta vigente desde 2004. El cambio central era una mayor ponderación del rubro “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles”, que pasaba de representar el 9,4% al 14,5% del índice general.
Dentro de ese apartado, el subrubro “Electricidad, gas y otros combustibles” iba a explicar 5,9 puntos porcentuales del IPC, muy por encima del peso actual, que oscila entre 2,5 y 3,7 puntos según la región. En un contexto de fuertes ajustes tarifarios, esa modificación habría elevado la inflación medida por el Indec.
El mayor peso de los servicios públicos coincidía con el inicio de una etapa de corrección más acelerada de tarifas, luego de un 2025 en el que los aumentos se moderaron durante el segundo semestre por motivos electorales. Ese combo encendió las alarmas dentro del Gobierno, que optó por frenar el nuevo índice.
Subas de gas y electricidad en el horizonte
El viernes pasado, el Ejecutivo anunció que la tarifa de gas natural aumentará en promedio un 16,86% a nivel nacional. La suba responde a la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la fórmula de actualización por IPC e IPIM, el nuevo esquema de subsidios y la fijación de un precio del gas anual para reducir la estacionalidad.
En el caso de la electricidad, se autorizó desde febrero un incremento del 21% en el precio mayorista, explicado por la actualización del tipo de cambio de referencia y la decisión de corregir el atraso acumulado durante la segunda mitad del año pasado. El impacto más fuerte recae sobre el 40% de los usuarios sin subsidios, con aumentos superiores al 10% en la factura final.
Para los usuarios que aún reciben asistencia estatal, el efecto será más gradual debido a una bonificación transitoria que comenzó en enero cubriendo el 75% del precio mayorista y que se reducirá progresivamente hasta el 50% a fin de año.
A estos ajustes se suman, tanto en gas como en electricidad, las actualizaciones mensuales previstas por la fórmula IPC+IPIM y las cuotas de recomposición del Valor Agregado de Distribución acordadas con Edenor y Edesur, que se aplicarán en 30 tramos hasta octubre de 2027.
Inflación y disputa política
Con este esquema, las tarifas crecerán en promedio por encima de la inflación durante 2026. Bajo la nueva canasta de consumo, ese incremento habría tenido un impacto mayor en el IPC, especialmente a partir de febrero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el IPC de enero habría sido incluso una décima más bajo con el nuevo índice. Sin embargo, distintas fuentes relativizan esa afirmación y señalan que el verdadero efecto inflacionario se concentraría en los próximos meses.
Si bien una parte sustancial del ajuste tarifario ya se concretó —los subsidios energéticos se redujeron del 1,5% al 0,65% del PBI entre 2023 y 2025—, el objetivo oficial es llevarlos al 0,5% este año. Ese esfuerzo adicional, que recaerá principalmente sobre los hogares, es el que el Gobierno busca atenuar manteniendo la metodología actual del IPC.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
