En un acto realizado en Cipolletti, los gobiernos de Neuquén y Río Negro junto a autoridades nacionales firmaron los contratos de concesión y transferencia de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La ceremonia fue encabezada por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, y representantes de las empresas adjudicatarias.
Desde los gobiernos provinciales se destacó el nuevo esquema como un “avance histórico” que mejora el ingreso por regalías, incorpora un canon por el uso del agua y crea un fondo destinado a obras y tareas de seguridad ante eventuales crecidas. Sin embargo, el acuerdo también abrió interrogantes y críticas sobre el rumbo elegido para un conjunto de activos estratégicos del sistema energético nacional.
Si bien Figueroa subrayó que las provincias comenzarán a cobrar regalías sobre el ciento por ciento del valor de la energía generada —corrigiendo, según dijo, una inequidad histórica—, el esquema sigue consolidando un modelo de concesión privada de infraestructuras clave, sin un debate público profundo sobre alternativas de gestión estatal, mixta o regional. Para distintos sectores técnicos y sociales, la discusión de fondo no es sólo cuánto se cobra, sino quién controla y con qué objetivos se administran recursos hídricos que son constitucionalmente provinciales y estratégicos para el país.
Otro punto sensible es la transferencia de la operación a grandes empresas privadas por montos que, según analistas del sector, resultan bajos en relación con la rentabilidad histórica de estas centrales y su rol en la regulación del sistema eléctrico. Central Puerto, MSU Green Energy y Edison quedaron al frente de las represas mediante contratos millonarios, en un contexto de ajuste fiscal y retiro del Estado nacional de áreas clave de planificación energética.
Aunque se anunció la creación de fondos para obras de seguridad y la posibilidad de cobrar parte de las regalías en especie, no se difundieron detalles precisos sobre los mecanismos de control, la participación ciudadana ni las garantías ambientales a largo plazo. Las comunidades que viven aguas abajo de las represas, históricamente expuestas a riesgos por crecidas o fallas operativas, siguen reclamando mayor transparencia y poder de decisión.
Desde Nación, la secretaria Tettamanti calificó la licitación como “exitosa” y celebró la alta competencia entre empresas. No obstante, para voces críticas, el énfasis puesto en el interés privado contrasta con la ausencia de una estrategia energética integral que priorice el abastecimiento interno, tarifas justas y una transición ordenada hacia un sistema más sostenible y soberano.
La firma de los contratos marca, así, un punto de inflexión para el Comahue: mientras los gobiernos provinciales celebran mejoras en la distribución de ingresos, persiste el debate sobre si estas concesiones fortalecen realmente el control público sobre recursos estratégicos o si profundizan un esquema de privatización encubierta, con beneficios concentrados y costos sociales y ambientales que aún no fueron suficientemente discutidos.
Fuente: Editorial RN/Redacción TE.
