El Gobierno de Santa Cruz elevó la tensión con PATAGONIA RESOURCES S.A. y advirtió que avanzará con acciones legales y administrativas si la compañía no regulariza de forma inmediata sus compromisos laborales, contractuales y de inversión en la provincia.
La decisión fue ratificada durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Juan Mata, donde el Ejecutivo sostuvo una posición “firme e irrevocable” frente a la situación de la empresa.
Uno de los principales reclamos oficiales apunta al traspaso de trabajadores de AESA a Patagonia Resources, compromiso que, según remarcaron desde la Provincia, fue asumido en acuerdos previos firmados junto a los gremios petroleros y constituye una obligación legal “exigible”.
En ese marco, el Gobierno provincial sostuvo que el incumplimiento de ese acuerdo “no es una opción” y advirtió que, de persistir la situación, se avanzará “sin dilaciones” en la reversión del convenio firmado y en la eventual quita de las áreas concesionadas a la empresa.
Además, las autoridades exigieron a la firma la presentación urgente de un plan de inversiones que contemple el levantamiento de equipos y la puesta en funcionamiento de perforadores, el cual deberá ser expuesto tanto ante organismos provinciales como ante los sindicatos del sector.
Desde la administración santacruceña señalaron que la política energética provincial tiene como ejes centrales la generación de empleo, la reactivación de la actividad hidrocarburífera y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las operadoras.
“Ninguna empresa concesionaria puede sustraerse de estas obligaciones sin consecuencias”, remarcaron fuentes oficiales.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo notificó formalmente a PATAGONIA RESOURCES S.A. y a AESA sobre la apertura de un sumario administrativo por presunta obstrucción del proceso de conciliación obligatoria y por violación de la paz social.
Según indicaron desde la cartera laboral, ambas conductas son consideradas faltas graves dentro del marco jurídico vigente y podrían derivar en sanciones severas.
El Gobierno provincial concluyó que utilizará todas las herramientas institucionales y legales disponibles para garantizar que las empresas que operan sobre recursos naturales en Santa Cruz cumplan con los compromisos asumidos, especialmente aquellos vinculados al empleo, la inversión y la estabilidad social.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz/Redacción TE.
