El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo Perea, encendió la alarma sobre el futuro de los grandes proyectos mineros de la provincia. Según afirmó, el emprendimiento Vicuña podría quedar en suspenso si el Gobierno nacional no avanza con la reglamentación de la Ley de Glaciares.
“Sin reglamentación, Vicuña corre peligro”, aseguró, y mencionó también a Pachón, Los Azules y Altar entre los proyectos condicionados por la indefinición legal.
Actualmente, el mapa minero sanjuanino muestra un solo yacimiento de oro en plena producción —Veladero—, mientras Gualcamayo transita una etapa de menor actividad y las campañas de exploración aún no despegan. En este contexto, la provincia busca posicionarse frente a competidores internacionales, pero reconoce que faltan decisiones clave desde la Nación.
“Lo que falta es decisión del Gobierno nacional”, remarcó Perea tras reunirse con funcionarios de la Secretaría de Minería.
Uno de los puntos de mayor tensión es la definición sobre el glaciar G-110, próximo al yacimiento Vicuña. Para San Juan, la reglamentación debería diferenciar entre glaciares que efectivamente cumplen funciones hídricas —como el Perito Moreno— y los glaciares de escombros o el permafrost, que, según el ministro, “no aportan nada, son estériles”.
“Queremos proteger lo que realmente se debe proteger. Eso no se negocia”, subrayó Perea, quien además reclamó que las provincias tengan potestad para evaluar con criterios técnicos cada ambiente glaciar y periglaciar.
El funcionario también defendió la necesidad de reglas claras no solo para la minería, sino para otras actividades productivas hoy limitadas por la falta de certidumbre. “Hace falta un trabajo serio con comisiones técnicas y gente que sepa de qué se está hablando”, señaló.
En paralelo, criticó el tratamiento mediático del debate: “Algunos medios simplifican un panorama complejo y generan falsas soluciones”.
Perea insistió en que no se trata de otorgar permisos inmediatos, sino de establecer un marco jurídico previsible que garantice seguridad a las inversiones y, al mismo tiempo, resguarde el ambiente.
“El futuro de la minería en San Juan depende de decisiones que den confianza y seguridad jurídica. Si se reglamenta bien, podemos crecer y cuidar lo que de verdad importa”, concluyó.
Fuente: LU 17/Redacción TE
