La industria de energías renovables avanza con una propuesta legislativa que busca transformar la matriz energética argentina a partir de incentivos al estilo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo central es captar financiamiento internacional, expandir la generación limpia y modernizar la infraestructura sin recurrir a recursos del Tesoro.
El proyecto, elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), plantea la transición energética no solo como una política ambiental, sino como una estrategia de desarrollo económico. La iniciativa apunta a reducir costos sistémicos, generar empleo y liberar mayores volúmenes de hidrocarburos para exportación.
La propuesta fue diseñada con aportes de distintos actores del sector productivo, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), entidades agropecuarias, universidades y organismos técnicos. El objetivo es construir un marco regulatorio estable que permita canalizar inversiones globales vinculadas a la lucha contra el cambio climático.
Marcelo Álvarez, presidente de CADER, destacó que el enfoque del proyecto rompe con la lógica tradicional: “No se trata de una carga ambiental, sino de una oportunidad de negocios basada en el acceso al financiamiento verde”, afirmó. Según explicó, la ley busca ser lo suficientemente flexible para incorporar nuevas tecnologías y vectores energéticos en el futuro.
Los estudios que respaldan la iniciativa muestran diferencias significativas entre escenarios. Bajo una trayectoria inercial, Argentina podría enfrentar costos por US$261.000 millones hacia 2050, con emisiones en fuerte aumento. En cambio, un modelo basado en energías renovables permitiría ahorrar hasta US$31.000 millones y reducir las emisiones en casi un 60%.
El impacto también sería relevante en el empleo. Mientras un esquema centrado en gas natural generaría unos 13.000 puestos hacia 2030, el desarrollo de renovables podría alcanzar entre 139.000 y 145.000 empleos, dependiendo del grado de integración de la industria local.
La arquitectura del proyecto se organiza en siete capítulos que abordan áreas clave como hidrógeno verde, eficiencia energética, infraestructura de redes, continuidad del régimen de renovables y financiamiento. Este último eje es transversal y contempla mecanismos para facilitar el acceso a capital externo.
Uno de los puntos centrales es que la iniciativa no requeriría aportes del Estado. Desde el sector privado sostienen que la clave está en garantizar previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones. En ese sentido, se incluyen incentivos fiscales como amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y estabilidad fiscal a largo plazo.
Además, el proyecto propone esquemas de libre disponibilidad de divisas para asegurar el repago de financiamiento externo, un aspecto considerado clave para proyectos de gran escala.
La iniciativa también contempla una transición gradual que conviva con el desarrollo de los recursos fósiles, especialmente los de Vaca Muerta. La estrategia es descarbonizar el consumo interno mediante energías limpias y destinar los hidrocarburos a mercados externos, maximizando ingresos.
En el largo plazo, el hidrógeno verde aparece como un vector estratégico para insertar a la Argentina en nuevos mercados globales vinculados a productos de baja huella de carbono.
Como parte del diseño institucional, el proyecto prevé la creación de un organismo autárquico que actúe como autoridad de aplicación y permita actualizar las metas en función de la evolución tecnológica.
Desde CADER consideran que 2026 ofrece una ventana favorable para el tratamiento legislativo, al no ser un año electoral. La estrategia es avanzar con consensos técnicos para facilitar su aprobación y posicionar al país frente a una nueva etapa de transformación energética.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
