La reforma laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado abrió un fuerte debate en la industria energética, donde sindicatos y empresas exponen miradas opuestas sobre su impacto en el empleo, las indemnizaciones y la negociación colectiva.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, aguarda ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados en un clima de alta tensión. Mientras los gremios petroleros advierten que se trata de un retroceso en derechos adquiridos, el sector empresario lo considera una herramienta para modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad.
La postura sindical: “retroceso y precarización”
Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut alertaron que la iniciativa afecta tanto a trabajadores en actividad como a jubilados. El dirigente Carlos Gómez cuestionó especialmente los cambios en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que modificaría el esquema de indemnizaciones y habilitaría la implementación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según la visión gremial, el nuevo mecanismo podría reducir significativamente las compensaciones por despido y alterar el financiamiento actual, generando incertidumbre en una actividad caracterizada por ciclos de alta inversión y volatilidad.
En la misma línea se expresó la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), que conduce Mario Lavia. La entidad ratificó su rechazo “absoluto” al proyecto y advirtió que los cambios impactarían en vacaciones, estabilidad laboral y negociación colectiva. Además, anticipó que acompañará las acciones que impulse la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al avance legislativo.
El respaldo empresario: “modernización y previsibilidad”
Del otro lado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó su apoyo al debate parlamentario. La entidad sostuvo que el régimen laboral vigente responde a esquemas de otras décadas y que la reforma puede contribuir a dinamizar el empleo formal, hoy estancado y con altos niveles de informalidad.
Para AmCham, los cambios propuestos apuntan a reducir la conflictividad judicial, generar incentivos para contratar y otorgar mayor previsibilidad a las empresas, un punto clave para sectores intensivos en capital como el energético.
Entre sus socios figuran compañías de peso en el negocio de hidrocarburos y electricidad, como Chevron, Shell, TotalEnergies, YPF, Pan American Energy y Tecpetrol, entre otras operadoras y proveedoras de servicios.
El foco, en Diputados
Con la media sanción ya otorgada, el escenario de negociación se traslada a la Cámara baja. Allí, los gremios buscarán introducir modificaciones que atenúen el impacto sobre las condiciones laborales del sector, mientras que el empresariado presiona para que se mantenga el espíritu original del proyecto.
La discusión promete ser determinante para una industria estratégica para la economía argentina, en momentos en que el desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones en infraestructura energética requieren reglas claras, pero también consenso social.
Fuente: econojournal/Redacción TE.
