Las pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria energética alertaron por el impacto negativo que podría tener el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sobre la producción nacional. Desde el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), su director ejecutivo, Leonardo Brkusic, sostuvo que la medida “destruye parte de la cadena de valor local” y profundiza la crisis que atraviesa el sector.
Según el relevamiento de GAPP correspondiente a septiembre, más del 75 % de las pymes del rubro trabaja con al menos un 25 % de capacidad ociosa, en un contexto de caída de actividad y demora en los pagos por parte de las operadoras.
“Estamos transitando un valle de actividad. Si no se corrigen ciertas políticas, esta situación puede extenderse por otros seis meses”, advirtió Brkusic.
El informe detalla que el 16 % de las pymes ya aplicó recortes de personal, un hecho inusual en un sector que históricamente había mantenido el empleo incluso en momentos de retracción. Muchas firmas, además, enfrentan suspensiones o postergaciones de proyectos tanto en operaciones convencionales como no convencionales.
La presión por reducir costos en los yacimientos de Vaca Muerta golpea especialmente a las proveedoras nacionales, que deben competir con insumos importados a precios más bajos.
El efecto del RIGI en la industria local
Brkusic explicó que el RIGI —creado para atraer grandes inversiones— permite la importación de plantas modulares completas, lo que desplaza la producción de componentes nacionales como cañerías, válvulas o estructuras metálicas.
“No es una queja, sino una oportunidad que se pierde. El régimen debería fomentar la integración local, no reemplazarla”, señaló el directivo.
Desde GAPP remarcan que el esquema también rompe la previsibilidad para las empresas que ya invirtieron y operan en el país, mientras otorga ventajas a nuevos jugadores extranjeros.
Las pymes enfrentan además dificultades para acordar condiciones comerciales: solo el 27 % de las empresas afirma que las negociaciones se cumplen con normalidad, mientras que el resto registra demoras de entre tres y doce meses en los pagos o revisión de contratos.
En cuanto a precios, apenas el 24 % logró ajustes acordes a la inflación, mientras que el 47 % debió aceptar modificaciones parciales y el 29 % no consiguió ningún cambio.
Reclamos y propuestas
El sector pyme propone incorporar al debate energético tres puntos clave:
- Políticas macroeconómicas que contemplen la realidad de las pymes.
- Incentivos a la integración nacional de proveedores en los proyectos de inversión.
- Estrategias de desarrollo tecnológico que consoliden la industria local frente a los nuevos desafíos, como el hidrógeno o la transición energética.
“Las pymes no pedimos privilegios —concluyó Brkusic—, pedimos reglas claras y la posibilidad de seguir siendo parte del desarrollo de Vaca Muerta”.
Fuente: Más Energía/Redacción TE.
