La licitación para reprivatizar las cuatro represas del Comahue, prevista para este jueves 23 de octubre —apenas tres días antes de las elecciones legislativas—, avanza en medio de cuestionamientos del sector privado y señales de menor competencia de la esperada.
La decisión de no postergar la presentación de ofertas fue tomada por el director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Si bien el esquema contractual fue diseñado por la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, la gestión administrativa del proceso quedó bajo la órbita de Chaher, que reporta directamente a la Oficina del Presidente.
“Fue una decisión de Las Fuerzas del Cielo, no la tomamos nosotros”, respondió un funcionario del área energética ante el pedido de varias empresas para aplazar el proceso al menos diez días y esperar el resultado electoral.
Mal timing y reclamos del sector
Las principales generadoras de energía del país manifestaron su incomodidad con la decisión oficial. “Es muy complejo definir aspectos centrales de una licitación de esta magnitud a solo tres días de una elección clave”, explicó el gerente general de una compañía eléctrica. Otro ejecutivo agregó: “En el mundo de las fusiones y adquisiciones, las buenas prácticas indican evitar operaciones en contextos de alta incertidumbre política”.
De acuerdo con un relevamiento privado, hasta el martes por la noche solo habían confirmado su participación unas pocas empresas: Central Puerto, Enel y AES —actuales concesionarios de Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá—, además de Pampa Energía y el recientemente creado grupo Edison Energía.
Edison, conformado por empresarios como Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, los hermanos Patricio y Juan Neuss, y otros inversores locales, se posiciona como el principal competidor nuevo fuera de los jugadores tradicionales.
También podrían sumarse Genneia, presidida por Jorge Brito, y Aluar, controlante de la represa de Futaleufú, aunque su participación aún no está confirmada. En tanto, Aconcagua Energía Generación, operadora de la represa Planicie Banderita-Cerros Colorados, cumple los requisitos técnicos, pero su delicada situación financiera reduce las chances de participar.
El pliego licitatorio establece que las empresas interesadas deben acreditar experiencia en la operación de centrales hidroeléctricas de al menos 100 megavatios (MW) de potencia. Originalmente el requisito era de 300 MW, pero fue flexibilizado para ampliar la base de oferentes.
Aun así, esa modificación terminó beneficiando principalmente a Edison Energía, propietaria de Cemsa, que opera el dique Potrerillos (181 MW).
Otro punto controvertido es la exigencia de que los consorcios estén integrados en un 25% de su capital accionario por un operador de represas hidroeléctricas. Varias empresas locales buscaban participar mediante contratos de Operación y Mantenimiento (OyM) sin comprometer capital, pero el pliego lo impidió, reduciendo así la cantidad de posibles oferentes.
Las propuestas deberán presentarse a través de la plataforma estatal Contrat.Ar, administrada por la Oficina Nacional de Contrataciones que dirige María Soledad Vallejos. Será la primera vez que un proceso de este tipo —con activos valuados entre 700 y 800 millones de dólares— se realice íntegramente por vía digital, reemplazando el tradicional sistema de sobres lacrados.
Desde la Secretaría de Energía aseguran que el interés sigue siendo alto: “Se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos alrededor de 10 ofertas”, señalaron fuentes oficiales.
Sin embargo, la expectativa inicial de un proceso competitivo con más de 15 participantes y potencial interés internacional parece haberse desinflado. Las decisiones de último momento y el contexto político electoral tiñen de incertidumbre la primera privatización energética impulsada por la administración de Javier Milei.
Fuente: Agendar Web/Nicolás Gandini/Redacción TE.
