La jueza de Nueva York, Loretta Preska, volvió a endurecer su postura en el litigio por la expropiación de YPF y rechazó el pedido del Estado argentino para frenar el proceso de localización de activos. Con una resolución categórica, la magistrada dejó en claro que no permitirá nuevas dilaciones en la etapa de discovery, clave para que los demandantes puedan avanzar en el cobro de la sentencia.
Desde el tribunal del Distrito Sur de Manhattan, Preska sostuvo que la Argentina ya tuvo oportunidades suficientes para suspender la ejecución del fallo. Recordó que hace dos años podía haber obtenido una pausa del proceso si presentaba una garantía o fianza que asegurara el pago en caso de confirmarse la condena. Sin embargo, al no haber depositado fondos sobre los US$ 16.100 millones establecidos en la sentencia, el tribunal entiende que los acreedores están habilitados a continuar la búsqueda de bienes embargables.
En su resolución, la jueza cuestionó la estrategia procesal del país y advirtió que acceder ahora al pedido oficial implicaría “recompensar años de incumplimiento”. Según su criterio, frenar el discovery no solo afectaría los derechos de quienes ya obtuvieron un fallo favorable, sino que también podría sentar un precedente riesgoso para la credibilidad de la justicia estadounidense frente a litigios internacionales.
La defensa argentina había argumentado que el rastreo de activos —incluyendo cuentas bancarias y comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores— podría generar un daño irreparable a la soberanía nacional. No obstante, Preska consideró que el perjuicio mayor recaería sobre los demandantes si el proceso se paralizara nuevamente después de años de litigio.
Aunque el Gobierno apuesta a revertir la decisión en la instancia de apelación, la magistrada dejó constancia de que no existe certeza alguna de que el fallo sea anulado. En ese contexto, ordenó que la etapa de investigación continúe, con el objetivo de evitar que la ejecución de la sentencia quede indefinidamente en suspenso.
La decisión marca un nuevo capítulo en una disputa que combina derecho internacional, finanzas y política, y que mantiene bajo presión al Estado argentino ante el riesgo de embargos sobre activos vinculados al país en el exterior.
Fuente: Diario Río Negro/Redacción TE.
