El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El plan contempla la venta del 44% de las acciones, mientras que el Estado conservará el 51% y destinará un 5% a un programa de participación accionaria para trabajadores.
La medida, incluida en la Ley N° 27.742 “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, es presentada por la Casa Rosada como una estrategia para atraer capital privado e impulsar proyectos estratégicos del sector nuclear. Sin embargo, generó fuerte rechazo en la oposición, que anticipa que judicializará la iniciativa.
Uno de los principales ejes de la controversia es que Nucleoeléctrica es superavitaria. En 2023, había recibido transferencias por $700 millones (unos U$S 2 millones), pero en 2024 no requirió aportes del Tesoro, consolidando un esquema de autosuficiencia financiera. Para la oposición, este dato demuestra que “no existe justificación económica” para desprenderse de parte del capital accionario de una compañía que, además de ser estratégica en materia energética, no representa una carga fiscal para el Estado.
El oficialismo, en cambio, argumenta que la apertura al capital privado permitirá diversificar riesgos y asegurar inversiones en proyectos clave como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027) y el almacenamiento en seco de combustibles nucleares gastados (ASECG II).
Más allá de los fundamentos técnicos y financieros, el anuncio anticipa un conflicto político y judicial. Dirigentes opositores ya evalúan presentar medidas cautelares para frenar el proceso licitatorio, alegando que se trata de un intento de avanzar sobre activos estratégicos sin consenso parlamentario ni respaldo social.
Así, la privatización parcial de Nucleoeléctrica se perfila como una de las discusiones más calientes de la agenda energética y política de los próximos meses.
Fuente: Mejor Energía/ Redacción TE.
