En marzo se realizará la audiencia pública por el parque eólico Cerro Policía, un proyecto de 300 MW impulsado por Fortescue que, más allá de su perfil renovable, despierta interrogantes sobre el negocio detrás de la iniciativa y el nivel real de licencia social en la región.
La convocatoria fue oficializada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. La audiencia se realizará el 19 de marzo de 2026, a las 10, en la Escuela N° 193 “José Sabino Rojas” de Cerro Policía, donde se analizará el Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento presentado por Argentina Fortescue Future Industries S.A.
El parque prevé una potencia instalada de 300 megavatios y se emplazará en la Meseta de Rentería, en el Departamento El Cuy, sobre una superficie estimada en 5.070 hectáreas. Según la información oficial, el objetivo es incorporar energía renovable al sistema eléctrico y fortalecer la matriz productiva provincial. Sin embargo, el proyecto se inscribe en una estrategia empresarial más amplia vinculada a la producción y exportación de hidrógeno verde, un negocio que ha generado expectativas millonarias, pero también cuestionamientos por su escala, financiamiento y beneficios concretos para las comunidades locales.
Detrás del discurso de transición energética, sectores sociales y referentes territoriales advierten que la iniciativa forma parte de un esquema de apropiación de recursos —tierra, viento e infraestructura— orientado principalmente a mercados externos. En ese marco, la discusión no se limita al impacto ambiental, sino que se extiende al modelo de desarrollo, la distribución de la renta y las garantías de empleo local sostenido.
Desde el Gobierno provincial defendió la necesidad de evaluar los proyectos estratégicos con criterios de responsabilidad ambiental y transparencia. No obstante, organizaciones comunitarias reclaman que la instancia de audiencia pública no se reduzca a un trámite formal, sino que represente un verdadero proceso de consulta y participación, especialmente en una zona con antecedentes de conflictividad por iniciativas extractivas y energéticas.
El Estudio de Impacto Ambiental sostiene que el parque se ubicará en un área rural de baja densidad poblacional, fuera de áreas naturales protegidas y a más de 30 kilómetros de las más cercanas, con viviendas situadas a más de 800 metros de los aerogeneradores proyectados. Sin embargo, persisten dudas sobre los efectos acumulativos en el territorio, el uso del suelo, el acceso al agua y la infraestructura asociada.
La audiencia pública será, en ese contexto, una instancia clave para medir el grado de aceptación social del proyecto. La licencia social —cada vez más determinante en el avance de grandes emprendimientos energéticos— aparece como un factor tan relevante como la viabilidad técnica o financiera. La comunidad podrá inscribirse hasta 72 horas antes del encuentro a través del sitio oficial de la Secretaría, además de presentar observaciones por escrito.
Más allá del resultado administrativo, el debate en Cerro Policía pone en tensión dos visiones: la de una provincia que, apuesta a convertirse en polo de energías renovables y exportación de nuevos combustibles, y la de sectores que exigen mayor claridad sobre quién gana, quién asume los riesgos y qué lugar ocupa la comunidad en ese esquema.
Fuente: Más Energía/Redacción TE.
