La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PSJ Cobre Mendocino (antes conocido como “San Jorge”), habilitando un proyecto de minería metalífera de cobre. Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Senado mendocino dio su aval a la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, marcando la reactivación de este tipo de minería en la provincia tras casi dos décadas.
Según los promotores del proyecto, la inversión estimada supera los 550 millones de dólares —algunos medios mencionan hasta 600 millones—, con potencial para producir unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino.
Además, las autoridades hablan de creación de empleo tanto en la fase de construcción como en la operación, lo que para muchos significa una nueva palanca productiva para Mendoza.
La sanción de la ley generó una movilización masiva: miles de personas —vecinos, organizaciones ambientales, productores agrícolas— marcharon desde distintos puntos de la provincia bajo la consigna “El agua no se negocia”.
Organismos científicos y sociales advierten que el proyecto pone en riesgo la cuenca hídrica del río Mendoza, que abastece a aproximadamente 1,5 millones de personas, además de sostener incontables actividades productivas. También se cuestionan los estudios de impacto ambiental, calificados por algunos como “insuficientes” o “con graves falencias técnicas”.
Para muchos ciudadanos, la aprobación representa más que una vuelta a la minería: significa un quiebre en el modelo de uso del territorio y del agua, con consecuencias potenciales para la salud, el ambiente y la sustentabilidad regional.
Con la sanción de la DIA, el PSJ Cobre Mendocino —y otros proyectos asociados aprobados simultáneamente— podrá avanzar hacia la fase de construcción y, posteriormente, explotación.
Las inversiones y empleos en juego abren expectativas de desarrollo económico, pero también reavivan el debate sobre desarrollo vs. preservación ambiental. Las organizaciones que rechazan la medida ya anunciaron que seguirán movilizadas, y no descartan recurrir a instancias judiciales o exigir auditorías independientes.
Fuente: P12/Redacción TE.
