Por Leonardo Brkusic (*)
Las pequeñas y medianas empresas industriales que abastecen al sector Oil & Gas advierten que, en plena expectativa por el impulso que generarán los proyectos de exportación, atraviesan un fuerte retroceso de actividad y piden medidas urgentes para sostener su competitividad en la cadena de valor de Vaca Muerta.
De acuerdo con el Monitoreo de Actividad de PyMEs Industriales que elabora el GAPP, el 67% de las firmas opera por debajo del 75% de su capacidad productiva y un 16% lo hace por debajo del 50%. Además, casi un tercio debió concretar despidos en los últimos meses, un indicador que revela la profundidad de la caída: hay un 21% menos de equipos de perforación activos y una reducción abrupta de órdenes de compra vinculada al repliegue del sector convencional.
En un escenario donde la llegada de inversiones y divisas vuelve a poner al sector energético en el centro de la agenda económica, el GAPP advierte que es clave “sostener el entramado industrial que hizo posible el desarrollo de Vaca Muerta”. En ese sentido, alertan por el avance de equipamiento importado —especialmente de origen chino— y de soluciones paquetizadas que podrían desplazar la capacidad instalada y el conocimiento técnico desarrollado en el país.
De cara al recambio legislativo de diciembre, Brkusic subraya que las PyMEs también necesitan seguridad jurídica para proteger las inversiones realizadas en los últimos diez años. Señala que, tal como está diseñado, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “genera asimetrías” al otorgar ventajas a las importaciones de bienes de capital sin considerar los costos estructurales de producir en Argentina.
Según el ejecutivo, esto deriva en “competencia desleal” y en una situación de “inseguridad jurídica para las PyMEs”, un sector que emplea a más de 200.000 personas y sostiene buena parte de la innovación tecnológica local.
Tres medidas para revertir la tendencia
El GAPP planteó un paquete de propuestas para recomponer la actividad y fortalecer el rol de los proveedores nacionales:
- Financiamiento productivo competitivo: creación de líneas de crédito específicas para capital de trabajo, modernización e innovación, con tasas y plazos adecuados y vinculadas al desarrollo de tecnología nacional.
- Alivio fiscal y simplificación tributaria: revisión de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y establecimiento de beneficios claros para proyectos energéticos, a fin de equiparar condiciones frente a la oferta importada.
- Ajustes al RIGI y estímulos al contenido local: incorporación de mecanismos compensatorios —como los VPU— que reconozcan los mayores costos productivos y premien la integración de equipamiento argentino sin frenar inversiones estratégicas.
Brkusic concluye que el sector energético “puede ser un puente hacia el crecimiento y el empleo de alto valor agregado”, y que el país cuenta con las capacidades industriales necesarias. “Lo que falta es un marco regulatorio que reconozca ese valor y lo proyecte al futuro. El nuevo Congreso tiene la oportunidad de construirlo”, afirma.
* Director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo.
Fuente: Econojournal/Redacción TE.
